Esta iniciativa promueve un modelo de vivienda en barrios y pueblos como alternativa al modelo actual de grandes residencias en las que viven miles de personas en todo el país. Para ello cuenta con el impulso del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y con financiación de los fondos de la UE Next Generation.

Un equipo del instituto Inico de la Universidad de Salamanca, especializado en estudios sobre discapacidad en ámbitos comunitarios, lleva meses investigando cómo el tránsito de un ámbito residencial a una vivienda en comunidad mejora las circunstancias objetivas de calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo.

Para la investigadora del Inico Patricia Navas, “la tendencia de esta evaluación habla de un notable impacto en la percepción de mejora de la calidad de vida para una gran mayoría de las 285 personas con discapacidad intelectual que participan en el proyecto”.

Además, se intuye una reducción de los problemas de conducta de aquellas personas que los manifestaban antes de entrar en las viviendas en comunidad. También se destaca el aumento en la participación y el control que estas personas tienen sobre sus propias vidas respecto a la elección de actividades de ocio en la comunidad, el modo en el que comparten la vida en casa, o la elección sobre cuestiones cotidianas: ropa, comida, etc.

El proyecto ‘Mi Casa’ finaliza en diciembre de 2024, momento en el que se compartirán los resultados definitivos logrados a partir de las investigaciones realizadas sobre aspectos como la mejora en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual que participan, el proceso de desinstitucionalización y vinculación con la comunidad y soluciones innovadoras y nuevos perfiles profesionales de apoyo a personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo.

Esta iniciativa entra ahora en la fase de generación de evidencias a través de los datos procedentes del análisis de la vida en pisos de 285 personas con discapacidad intelectual, en 35 pueblos y ciudades de Canarias, Murcia, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid.

Para la coordinadora de Plena inclusión España del proyecto ‘Mi Casa’, Sofía Reyes, las tendencias que ahora se presentan “se convertirán en evidencias, cuando tengamos resultados definitivos con los que validar la hipótesis que apunta a que las nuevas políticas públicas en el ámbito de los cuidados y apoyos deben dar respuestas más personalizadas y en conexión con la comunidad a las personas con discapacidad intelectual que han estado institucionalizadas”. Y añadió “necesitamos que el apoyo de las administraciones públicas se prolongue en el tiempo para que un nuevo modelo de servicios sociales sea posible”.