De esta manera, la identificación obligatoria no queda limitada a "los propietarios, criadores o tenedores de los animales" potencialmente peligrosos, como recogía el texto aprobado por el Gobierno, sino que incluye, "sin excepciones", la obligatoriedad de colocar el correspondiente microchip identificativo a "todos los animales de la especie canina".

Otra de las modificaciones aprobadas es la exlusión de los cazadores del cumplimiento de determinadas obligaciones en materia de seguridad ciudadana e higiénico-sanitarias. El PP, autor de esta enmienda, considera que los perros que se utilizan usualmente en las actividades cinegéticas apenas causan conflictos con las personas.

La ley sólo será aplicable en aquellas comunidades autónomas que no posean sus propias leyes de protección animal: Andalucía, Asturias, Extremadura y Aragón.

Por otra parte, Teófilo de Luis, portavoz del PP en la Comsión de Agricultura, explicó en los pasillos del Congreso que la ley no recogerá finalmente una lista de razas caninas agresivas porque, a su modo de ver, "puede ocurrir que, en dos años, surja una nueva raza potencialmente peligrosa, con lo que quedaría al margen de la ley".

De Luis vaticinó que el proyecto de ley, que pasará ahora al Senado para su tramitación, estará definitivamente aprobado en diciembre.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Demetrio Madrid, criticó el hecho de que el proyecto e ley no pase al pleno del Congreso una vez aprobado por la comisión. Los socialistas presentarán hoy una queja formal ante la Mesa del Congreso porque, a su juicio, ésta ha decidido "clandestinamente" que el proyecto, una vez aprobado en la comisión, no vuelva al pleno del Congreso, sino que pase directamente al Senado.