Así lo anunció la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, quien señaló que la norma viene a “consolidar los derechos de las personas con discapacidad que necesitan perros de asistencia y a mejorar la protección de los animales”. Según Martínez, el real decreto “desarrollará los derechos a la inclusión y a la accesibilidad universal de las personas con discapacidad”, tal como recoge el nuevo artículo 49 de la Constitución.

En este sentido, asegurará que estas personas puedan acceder a cualquier lugar de uso público –aunque sea de titularidad privada—a nivel nacional "y en cualquier circunstancia sin más explicaciones”. Lo contrario se entenderá como “un incumplimiento de derechos”.

En la actualidad, todavía hay espacios donde “a veces se producen discriminaciones de las personas con discapacidad en cuanto a su participación social, autonomía e inclusión", lamentó Martínez.

BIENESTAR ANIMAL

Por su parte, el director general de Derechos de los Animales del Ministerio, José Manuel Becerra, destacó “el deber de la sociedad de proteger el bienestar de estos animales cuando son cachorros, durante el proceso de aprendizaje, mientras ejercen y una vez se retiran”. Así, se establecerá la edad de 10 años para que estos animales accedan al cese del servicio, aunque un informe veterinario podrá ampliar este plazo.

“Los perros de asistencia ya jubilados que permanezcan junto a sus dueños mantendrán los derechos de acceso a cualquier lugar de uso público", recalcó Becerra.

En este punto, insistió en que la norma garantizará que la persona con discapacidad puede entrar con su perro de asistencia “al puesto de trabajo y a cualquier lugar de la empresa; a todos los medios de transporte, también los aviones; a instalaciones deportivas y culturales; a las piscinas y espacios recreativos; a hoteles, restaurantes y establecimientos de ocio; a playas y lugares públicos, y a todos los espacios de uso público”.

Solo hay cuatro excepciones: el agua de las piscinas, quirófanos y otros espacios hospitalarios restringidos, el interior de las atracciones y zonas de manipulación de alimentos.

La posibilidad de que los perros ‘retirados’ sigan accediendo a todos estos lugares facilitará que las personas con discapacidad, que son quienes saben cómo tratarlos, puedan mantenerlos después de los 10 años.

DISCAPACIDAD

En opinión de Martínez, esta norma reconoce que, “más allá del servicio que prestan, se establece una relación de confianza y de apoyo mutuo entre las personas con discapacidad y sus animales de asistencia”.

Con este fin, el real decreto contempla a nivel nacional “la unidad” entre persona y perro de asistencia, lo cual amplía el reconocimiento normativo del que disponen actualmente y que se limita a la comunidad autónoma donde se les concedió el distintivo para este servicio. La medida complementará así las normas autonómicas y actualizará el real decreto estatal, que data de 1983.

El director de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio, Jesús Martín Blanco, indicó que la norma “busca dar una vuelta de tuerca” para que “los derechos de las personas con discapacidad queden plasmados” de forma positiva en leyes.

Se apoya, dijo, en los principios de “inclusión en la comunidad y accesibilidad universal que se fijaron con la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, ratificada por España en 2006.

Además, persigue ofrecer una vida más independiente para las personas ciegas o con discapacidad visual, señaló, “objetivo que completaremos con el desarrollo reglamentario del etiquetado braille”.

La norma va más allá del concepto de ‘perro guía' e incluye a las personas con otras discapacidades que requieren de un perro de asistencia, como aquellas con discapacidad auditiva o con sordoceguera que precisan de perros adiestrados que les avisen de la emisión de sonidos y su procedencia; personas con discapacidad física que necesitan perros adiestrados como apoyo y auxilio en actividades de la vida diaria; personas con trastornos del espectro autista que deben ser asistidas por perros adiestrados para promover su autonomía personal, o pacientes con patologías que lleven consigo crisis recurrentes con desconexión sensorial y que necesitan la compañía de un perro adiestrado que avise de una alerta médica.

OTRAS OBLIGACIONES

Becerra avanzó que “pronto llegará al Consejo de Estado”, e insistió en “la responsabilidad que como sociedad tenemos con estos animales”.

Por ello, establece obligaciones de respeto para las personas usuarias y para las entidades o profesionales encargados de su adiestramiento, afirmó.

Asimismo, señala que deberán ser formados por profesionales acreditados de forma oficial en la educación, la socialización y el adiestramiento de perros de asistencia, tanto si pertenecen a entidades como si son profesionales autónomos especializados.