Señaló también que en los últimos 20 años han crecido los importes que se pagan a los altos ejecutivos, ya que "antes eran importes más pequeños y ahora nos parecemos a una economía más dsarrollada".

El informe pericial ratificado hoy se realizó a petición del fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Caballero, encargado del caso, quien, sin embargo, no asistió a la comparecencia. Según las mismas fuentes, ya esta informado y documentado sobre la prueba pericial.

Esta diligencia se enmarca dentro de la investigación abierta sobre el pago de 47,75 millones de euros a José María Amusátegui y de 108 millones de euros a Angel Corcóstegui, ex co-presidente y ex vicepresidente del SCH, repectivamente, tras su salida de la entidad.

En su comparecencia ante la juez, el perito Juan Luis Marchini manifestó también que el dinero que se pagó a Corcóstegui estaba bien provisionado y que no ha producido perjuicio alguno a la entidad bancaria que actualmente preside Emilio Botín.

Este caso llegó a la Audiencia Nacional cuando el accionista Juan Francisco Franco Otegui interpuso una querella contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y contra Amusátegui. La juez la admitió a trámite el paado 5 de noviembre.

La magistrada apreció la existencia de un supuesto delito societario en la actuación de ambos, al acordar que se generara un gasto de 43,7 millones de euros (unos 7.200 millones de pesetas) como pago a Amusátegui, lo que atentaría supuestamente contra los intereses de los accionistas.

La querella de Franco Otegui se basa en el perjuicio patrimonial para todos los accionistas por la dotación especial destinada a la jubilaciónde Amusátegui y destaca que "en los estatutos sociale del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que estos sean removidos sin justa causa".

Por su parte, la denuncia presentada por Rafael Pérez Escolar, en calidad de accionista del SCH, solicitaba la investigación del cobro percibido por Corcóstegui, por entender que redundó en perjuicio de los inversores.

Además, argumentó que ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni el Banco de España fueron informados de las razones por lasque Corcóstegui abandonó el banco del que fue vicepresidente y consejero delegado.

Fue a principios del pasado mes de marzo cuando la magistrada decidió acumular en la misma causa el caso abierto contra Amusátegui y la denuncia que el ex consejero de Banesto y accionista del SCH Rafael Pérez Escolar presentó ante la Fiscalía Anticorrupción por el pago a Corcóstegui.