Erquicia fue uno de los primeros periodistas que entró en la Embajada de España en Guatemala tras el asalto por parte del ejército guatemalteco, el 31 de enero de 1980, en l que murieron 37 personas, 3 de ellas españolas, y cuyo único superviviente fue el diplomático Máximo Cajal.

Ruiz Polanco investiga también el asesinato de los sacerdotes católicos de nacionalidad española Faustino Villanueva, José María Cirera, Juan Alonzo Fernández y Carlos Pérez Alonzo, presuntamente a manos de las fuerzas militares guatemaltecas.

Este caso llegó a la Audiencia Nacional el 2 de diciembre de 1999, cuando Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, presentó una denuncia por genocdio, terrorismo de Estado y torturas contra las autoridades militares de Guatemala anteriores a los actuales acuerdos de paz, por ordenar más de 23.000 ejecuciones, entre ellas las de varios ciudadanos españoles.

La denuncia fue admitida a trámite el 27 de marzo de 2000 por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Guillermo Ruiz Polanco, decisión que fue recurrida por la fiscalía ante la Sala de lo Penal.

Así, el 13 de diciembre de ese mismo año, el pleo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, asumiendo la tesis mantenida por la fiscalía, decidió que la denuncia interpuesta por Rigoberta Menchú contra las autoridades militares guatemaltecas por genocidio no podía ser investigada en España.

"En el plano legislativo, ningún impedimiento existe para que la justicia guatemalteca persiga el delito de genocidio presuntamente cometido en el territorio de dicho país", dijeron los magistrados.

Sin embargo, esta decisión fue recurrida ante el Trbunal Supremo, que el 3 de marzo de este año decidió devolver el caso a Ruiz Polanco, pero limitando la investigación a los asesinatos de españoles en Guatemala entre 1962 y 1996.

La sentencia del Alto Tribunal contó con el voto particular de siete de los ocho magistrados que estudiaron el recurso presentado por Rigoberta Menchú.

Para los magistrados discrepantes, España es competente para estudiar el genocicio denunciado por la citada premio Nobel de la Paz, ya que constituye un crimen universalente reconocido y unánimemente condenado por la comunidad internacional.

Además, consideraban acreditado que, "transcurridos largos años desde que ocurrieron los hechos, la jurisdicción de Guatemala no se ha ejercitado de un modo efectivo en relación con los comportamientos genocidas denunciados".