García ratificó el contenido de un artículo publicado en 1989, en el que explicaba que el Ministerio del Interior tenía justificantes de todos los gastos efectuadaos a cargo de esta partida por el subcomisario José Amedo.

En él se especificaba que existían "recibos informales" en los que se apuntaba la fecha, la antidad entregada, la persona a la que se le concedía y algunas veces la función para la que se destinaba. Agregaba que eran el secretario del director general de la Seguridad, Luis Bernaldo de Quirós, junto a Juan Antonio Mínguez, jefe del Servicio de Gestión Económica, los que se encargaban de la coordinación de los mismos.

El periodista, que ahora escribe en la revista "Tribuna", añadió que cada comisario general de la jefatura contaba con un dinero reservado para casos especiales o de urgencia.

Según testificó, nadie le exigió una corrección, ni le demandó por esta información, sino que además "un alto cargo del ministerio comentó que a raíz de su publicación, cambiaron el sistema de control de los fondos".

Por otra parte, Manuel Cerdán y Antonio Rubio, periodistas de "Cambio 16" que publicaron en "Interviú" numerosas investigaciones sobre los GAL, comentaron que las autoridades judiciales francesas les manifestaron que estaban molestas con el Gobierno español por las trabas que pusieron asus peticiones de información.

Cerdán relató extensamente que el juez Cousteau había solicitado información sobre la matrícula de un automóvil en el que se trasladaron los policías que se entrevistaron en el Col de Ibardin, muy cerca de la frontera española, con el mercenario Labade.

Según el periodista, éste dijo que durante seis meses le dieron contestaciones erróneas, hasta que por fin Julián Sancristóbal, por aquel entonces director de la Seguridad del Estado, le aclaró que correspondía a un oche de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao que desde hacía un año ya no se utilizaba, porque estaba entre los objetivos de ETA.

El mismo magistrado protestó en una ocasión en la que prepararon una entrevista entre un comerciante francés y alguien de los GAL en la frontera franco-navarra, por lo que solicitaron la correspondiente autorización al juez de Pamplona.

Finalmente, nadie acudió a la cita y al día siguiente el comerciante recibió una llamada amenazadora por "haberle traicionado".COMPRA DE ARMAS

Cerdán y Rubio investigaron también en Andorra la compra de armas en la tienda de los Rosell, que fueron utilizadas en el atentado contra los bares "Batzoki" y "La Consolation", en cuya organización están presuntamente implicados los procesados.

Ambos coincidieron en afirmar que el hermano mayor de los Rosell identificó a Rafael Masa, teniente coronel de la Guardia Civil que testificó en días anteriores, como la persona que adquirió el armamento y les facilitó un número de teléfon para que le localizaran.

Los periodistas aseguraron que llamaron y comprobaron era un teléfono del Ministerio del Interior, que fue contestado por una señorita que les dijo que el señor Masa ya no trabajaba allí.

Hablaron también sobre el encapuchado que les vendió dos sobres con información de ETA y de los GAL, concidiendo con descripciones anteriores: un hombre con anorak azul y capucha del mismo color, en el que destacaba "la prominencia de su nariz", pero afirmaron desconocer si se trataba dl Michel Domínguez, tal y como manifestó el periodista Melchor Miralles unos días antes.

Hoy testificaron además ante el tribunal que juzga a José Amedo y Michel Domínguez el periodista José Carlos Duque y el fotógrafo Daniel Gluckman, de "Diario 16", que siguieron a Francisco Paesa hasta el Ministerio del Interior después de que se entrevistara con Blanca Balsategui para coaccionarla, según dijo la ex amante de Domínguez a los informadores.