Pérez Mariño destacó la importancia de que esta norma fundamental para el funcinamiento de la justicia cuente con el consenso del mayor número de grupos parlamentarios posible, por lo cual se mostró abierto a cualquier posible negociación que sirva para consensuar aspectos concretos de la ley.

"Hay que recoger el mayor número de sensibilidades posibles cuando se trata de elaborar grandes leyes. Esta no debe ser una ley impuesta, ni partidista, ni sectaria, ni determinada por las buenas intenciones de un grupo parlamentario", aseguró.

El portavoz del PSOE presentó en el Congeso las enmiendas de su grupo, todas ellas discutidas previamente con el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch.

Los socialistas defenderán una ampliación del número de miembros del jurado de siete a nueve. Los elegidos para estos puestos tendrán, según una moción del grupo socialista, la posibilidad de rechazar esta obligación alegando "graves perjuicios para sus principios o creencias".

Ello no significa que los ciudadanos queden exentos de su obligación de pertenecer a un jurado sino que esta reforma pretende aligerar las "contradicciones" que pueden surgir en los afectados.

En esta misma línea de "eliminar tensiones", el grupo socialista propondrá a la Cámara que la inasistencia de los miembros de un jurado legalmente constituido sea castigada con sanción administrativa y no penal, lo que en la práctica supondría para el ciudadano el pago de una multa.

Pérez Mariño defendió el secreto de los debates del jurado, cuyo resultado deberá ser asumido como posición de conjunt de todos sus miembros. De este modo, quedaría eliminado el voto particular de los componentes del jurado porque supondría revelar las posturas que mantuvieron cada uno de ellos.

El grupo socialista propondrá también al resto de los grupos que los delitos contra la libertad sexual cometidos por funcionarios públicos sean excluidos de la lista de casos que puede tratar un jurado, por entender que "los funcionarios son ciudadanos como los demás y no deben ser privilegiados ni perjudicados".

Por el ontrario, Pérez Mariño se mostró partidario de que los acusados de provocar incendios sean juzgados por un jurado como primer paso para ir ampliando con el tiempo los supuestos de delito medioambiental que se tratarán por este procedimiento.