El nuevo PGOU recalifica más de 600 hectáreas de suelo rústico propiedad del industrial Tomás Fuertes, dueño de embutidos "El Pozo". Según publica hoy "El País", el 36% del terreno -más de dos millones de metros cuadrados- fue adquirido por Fuertes en 1995 a "un precio muy asequible -de 7 a 20 esetas el metro- dada la imposibilidad de edificar sobre él".

En opinión de Perales, "nos encontramos ante una gran operación económica, producto de una recalificación generosa. En el avance del PGOU del año 95, que se aprobó por unanimidad, no se recalificaron esos terrenos y cuando el PP llegó al poder hizo un nuevo avance en el que ya hay una recalificación".

"Frente a eso tenemos un alcalde que dice que es ciego y es sordo y que no sabe quién está detrás de esa operación", añadió Perales, queexigió al PP de Murcia que urgentemente comparezca ante la opinión pública para dar explicaciones, porque hay que tener en cuenta que hubo un dirigente muy importante del PP, el alcalde de Mazarrón, el señor Valeda, que acusó de presunta financiación irregular, de comportamiento con alguna irregularidad, al presidente de la comunidada autónoma, Ramón Luis Valcárcel, y dentro de la presunta financiación que este señor denunciaba aparecían personas ligadas a este grupo empresarial y a otros grupos".

En pinión de Perales, el PP de Murcia "tiene que dejar claro ante los murcianos que esto no tiene nada que ver con su financiación, porque hay una acusación concreta del alcalde de Mazarrón, de hace tiempo pero que ahora cobra actualidad".

El dirigente socialista dijo a Servimedia que el presidente del Gobierno, José María Aznar, "tiene que intervenir directamente. El que ganó las elecciones como campeón de la limpieza, el Don Limpio de la política, tiene que comparecer, porque ahora mismo hay nueve parlmentarios nacionales que están dando respuesta ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo".

Entre otros casos, citó el de Oviedo, "con la construcción de un hipódromo que no tiene ninguna licencia y que coincide con que el alcalde tiene intereses en caballerías; el de la Diputación de Guadalajara; el del Ayuntamiento de Orihuela y el de las diputaciones gallegas, con multiples irregularidades".