Zaplana aseguró ayer que el trámite de audiencia preceptivo con ls sindicatos sobre el decreto de creación de la nueva Renta Agraria "no es un proceso de negociación" y consideró poco probable que prosperen las alegaciones sindicales.

Los sindicatos objetan que en la nueva Renta Agraria, cuyo modelo general aceptan, hay medidas que no se pueden aceptar y que incluso "pueden ser inconstitucionales", según dijo el dirigente de UGT a Servimedia.

Tras pedir al Gobierno que inicie un proceso de negociación con los agentes sociales para mejorar la protección social e los trabajadores del campo de toda España, "que están discriminados" frente a los asalariados del Régimen General, Pérez se refirió al caso concreto de la nueva Renta Agraria.

"Sobre el decreto no ha habido negociación", reconoció el secretario de UGT, "pero ahora se presentarán alegaciones por dos vías": la primera de ellas es el informe que deben hacer los sindicatos a la reforma, como organizaciones representativas del ámbito al que afecta el decreto; el segundo es el Consejo Económico y Social (ES), que debe dictaminar la reforma.

Hay cuestiones como el exigir que se acrediten 10 años de residencia en Andalucía o Extremadura o el limitar la concesión de la renta a seis veces "que pueden ser inconstitucionales".

Según el dirigente de UGT, en el primero de los casos se produce una "discriminación que afecta principalmente a los inmigrantes", y en el segundo se ofrece un tratamiente "distinto a personas que pueden estar en la misma situación por el hecho de haber solicitado ya seis veces l ayuda".

Son "aspectos graves" que de no solucionarse, advirtió el dirigente de UGT, podrían llevar, tras los estudios pertinentes, a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.