Lillo apuntó, no obstante, que de una primera lectura del proyecto de decreto remitido a los sindicatos por el Gobierno se desprende un posible punto de inconstitucionalidad, al exigirse 10 años de reidencia en Andalucía o Extremadura para acceder a la nueva Renta Agraria.

Este hecho, a su juicio, "atentaría contra el principio de igualdad ante la ley" que consagra la Constitución española, por lo que podría ser motivo de recurso.

Sin embargo, el responsable del gabinete jurídico de CCOO reconoció que la jurisprudencia del Constitucional concede "un amplio margen de discrecionalidad al legislador" en materia de protección social porque se trata del uso de "recursos públicos, que son limitados.

"Hay que analizar bien el decreto y ver en qué queda", señaló Lillo, por lo que los sindicatos "esperarán a que la reforma esté en el Boletín Oficial del Estado" para iniciar los estudios sobre la misma.