Según la "Asociación de antiguos accionistas minoritarios de Galerías Preciados", formada por más de un centenarde personas de toda la geografía española, existen diversas sentencias judiciales que exigen al Estado el pago de 2,7 euros, más intereses, por cada acción expropiada.

Por todo ello, los accionistas amenazaron hoy con "realizar cuantas acciones sean necesarias para el cobro de las cantidades adeudadas, sin descartar movilizaciones", en el caso de que la Caja General de Depósitos del Estado "no ingrese el dinero antes de finales de año".

A este respecto, los antiguos accionistas han contratado losservicios del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo para representar sus intereses "ante los poderes públicos" y nombrado al presidente de dicho bufete, Javier Cremades, como máximo representante de la asociación.