La CEC, que agrupa al pequeño y mediano comercio, se opone a la nueva ley propuesta por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, porque "cambia el modelo de política comercial, rompe el consenso, invade las competencias estatutarias en materia comercial, daña el comercio local y compromete el desarrollo urbano de la población, favoreciendo a las grandes superficies y rompiendo consecuentemente el consenso y el equilibrio".

La confederación se ofrece al diálogo entre todas las partes implicadas (comerciantes y autonomías) para alcanzar así "un consenso para lograr una ley que favorezca la diversidad comercial, no lamine las competencias autonómicas ni las normativas existentes que han demostrado su buen funcionamiento y validez".