Juan Antonio Sagardoy opina, según declaró a Servimedia, que la legalidad o ilegalidad de determinados actos administrativos puede venir dada no sólo por violar la letra de la ley, sino fundamentalmente por violar el espíritu y la finalidad de la norma.

Por ello, cree que el debate creado sobre si las pensiones no contributivas son asistencia social, apartado en el que tienen competencia las comunidades autónomas, o Seguridad Social, lo qu compete al Gobierno central, es "absolutamente hipócrita", porque, a su juicio, "lo importante es si la Seguridad Social y las pensiones deben ser o no iguales por razón del territorio".

Sagardoy hizo un repaso por los artículos de la Constitución que hablan sobre este asunto. Recordó que el 41 dice que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, y el 50 indica que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actalizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.

Agregó que el artículo 148 dice que las comunidades autónomas pueden tener competencias en materia de asistencia social, mientras que el 149 establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social.

"Yo entiendo que lo que nuestra norma suprema dice, y, además, es muy razonable y sensato, es que las pensiones o los pensionistas tienen que tener por parte de Estado el mismo trato, estén donde estén", afirmó Sagardoy.

A su juicio, si se empiezan a utilizar argucias para aplicar los fondos de asistencia social a los pensionistas, "con el mismo sistema podría aplicarse a los pensionistas el dinero de las comunidades autónomas para la promoción del deporte o para la adecuada utilización del ocio".

Explicó que, con ello, no sabe si se viola la letra de la ley, "pero de lo que no cabe ninguna duda es de que estamos violando la finalidad y el espíritu de l ley, y eso es lo grave". Sagardoy cree que con esa carrera de las subidas de las pensiones mínimas por comunidades autónomas "estamos rompiendo esa necesaria uniformidad de las prestaciones en materia de Seguridad Social por parte de los poderes públicos".

Además, según Sagardoy, se iría a una Seguridad Social "a la carta, en función de donde vivas; y ese yo creo que es un modelo poco deseable". Concluyó que sobre este asunto hay que hacer "un debate sincero, no hipócrita, y decir si queremos o no roper" la uniformidad de las prestaciones de la Seguridad Social.

DISTINTA OPINION

De opinión muy contraria es el también catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social Luis Enrique de la Villa, quien considera que las pensiones no contributivas, jurídicamente hablando, son asistencia social y no Seguridad Social, por lo que estarían dentro de las competencias de las comunidades autónomas.

De la Villa declaró que, aunque formalmente las pensiones no contributivas están incluidas en la ley e Seguridad Social, se podrían sacar perfectamente de esa ley. Explicó que realmente son prestaciones dirigidas a los que no tienen recursos, están absolutamente al margen de las cotizaciones y se pagan con el Presupuesto del Estado.

"Concurren todas las circunstancias para considerarlas asistencia social y no Seguridad Social", añadió De la Villa. Por ello, cree que las medidas aprobadas o anunciadas por las comunidades autónomas para aumentar las pensiones no contributivas "entran dentro del ordenamento constitucional".

Pese a ello, no cree que sea erróneo llamarlas pensiones no contributivas, ya que, a su juicio, "el aspecto terminológico y el fetichismo de las palabras hay que abandonarlo. Eso es formalismo, y lo que hay que buscar es la naturaleza de las cosas, y éstas son prestaciones que no tienen ninguna correlación con el esfuerzo económico previo de las personas", reiteró.