En su dictamen, refrendado por 39 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, el CES comparte la "necesidad de garantizar los principios de universalidad, unidad, solidridad e igualdad" que recoge el Anteproyecto de Ley de Disposiciones Específicas en materia de Seguridad Social.

El CES mantiene "dudas" de que una norma como la aprobada por el Gobierno "sea instrumento adecuado para intentar solventar un conflicto" como éste, en el que "además de su trascendental significado jurídico, subyace una dimensión política insoslayable".

La institución que dirige Jaime Montalvo considera que "el problema de fondo" que persigue evitar esta norma -los complementos unilatrales a las pensiones que adoptan las comunidades autónomas- "podría no verse solucionado" con el anteproyecto.

El CES observa "dudas" sobre la "adecuación" de la norma "como instrumento de prevención de las disfunciones que se pudieran ocasionar por las acciones normativas de las comunidades autónomas".

"Desde el respeto a las competencias de las comunidades autónomas, el CES considera necesario abordar los desajustes o disfunciones para el sistema de la Seguridad Social", sostiene el dictamen. Este punto provocó que no votaran a favor del dictamen los consejeros Luis Burgos, de la Confederación Intersindical Galega, y Mikel Noval, de ELA-STV, que consideran que la norma vacía de competencias a las comunidades autónomas, algo que debería ser advertido, en su opinión, por el CES.

VIUDEDAD

El CES hace, asimismo, un llamamiento a uno de los apartados incluidos en el anteproyecto que hace referencia a las pensiones de viudedad y que podría "dar lugar a situaciones de necesidad frente a lasque no se han articulado mecanismos de protección de carácter no contributivo".

El dictamen se refiere al requisito de que para acceder a la pensión de viudedad, el cónyuge fallecido debería acreditar 500 días de cotización dentro de un periodo ininterrumpido de cinco años desde la fecha del fallecimiento o desde el cese de su obligación de cotizar.

Este hecho, según el CES, "limita las posibilidades de acceso a las prestaciones de viudedad y orfandad" y contrapone la jurisprudencia del Tribunal upremo al respecto.

Asimismo, el CES invita al Gobierno a precisar que el acceso al programa de Renta Activa de Inserción (RAI) no suponga automáticamente el dejar de cobrar la pensión de invalidez no contributiva para aquellas personas que la perciben.

El CES resalta que la incorporación a la Renta Activa conlleva tres meses sin ninguna prestación, por lo que en ese periodo debería mantenerse el derecho a percibir la pensión de invalidez para quienes lo tuvieran.

El vicepresidente de la Comsión de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social del CES y consejero de CEOE, Fabién Márquez, afirmó que "si el Gobierno nos hace caso, el anteproyecto de ley mejorará desde el punto de vista técnico y cumplirá mejor su función".