El Consejo de Gobierno andaluz sacó hoy adelante lo que denomina "ayudas sociales de carácter extraordinario" para los beneficiarios de las citadas pensiones en la región.

La cuantía total de estas ayudas adicionales alcanza los 42,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 150% respecto a la inversión destinada por la Junta de Andalucía en 2002 a mejorar las pensiones más bajas. La medida beneficiaráa más de 285.000 familias andaluzas.

La primera de las ayudas aprobadas se dirige a los 29.400 perceptores en Andalucía de las pensiones asistenciales o del Fondo de Asistencia Social y Subsidio de Garantías de Ingresos Mínimos.

Su cuantía media individual será de 585 euros, lo que supone una revalorización del 28% respecto a la cuantía fijada por el Gobierno central para 2004. El importe total, que se fraccionará en cuatro pagas trimestrales, supera los 17,19 millones de euros.

En cuanto a as pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, que perciben 111.000 ciudadanos en la comunidad autónoma, la ayuda aprobada por la Junta se traduce en una cuantía media individual de 75,26 euros. Esta cantidad, que se abonará mediante pago único en los primeros días de diciembre, alcanza una cifra global de 8,35 millones de euros.

Finalmente, el Gobierno andaluz ha aprobado una ayuda social adicional de 112 euros para las más de 145.000 personas con pensiones de viudedad que perciben la cuanta mínima. La aportación de la Junta, que supera los 16,24 millones de euros, se abonará también mediante pago único.

COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

Desde 1990, la Junta de Andalucía viene aprobando ayudas extraordinarias para las pensiones asistenciales que perciben las personas mayores, enfermas y discapacitadas que carecen de posibilidades laborales. En el caso de las pensiones no contributivas, el Gobierno andaluz ya aprobó ayudas de este tipo en 1998 y 2002, mientras que las de viudedad se abonarán pr primera vez el próximo año.

El consejero de Asuntos Sociales andaluz, Isaías Pérez Saldaña, aseguró en rueda de prensa que estas ayudas están respaldadas por la actual normativa autonómica y por la doctrina del Tribunal Constitucional, que falló el pasado año a favor de los pagos adoptados por Andalucía en 1998 y que fueron recurridos por el Gobierno central.

Pérez Saldaña explicó que la Ley de Servicios Sociales permite dar complementos económicos a los sectores más desfavorecidos, que el Gobirno central calificó en su día de colectivos "de riesgo" a los perceptores de pensiones mínimas y que la Junta ha garantizado en sus proyectos de acción social los ingresos económicos de estos colectivos.

"El marco asistencial es competencia de la comunidad autónoma", aseguró el consejero andaluz, y "ni siquiera una ley básica del Estado puede cambiar eso". Pérez Saldaña afirmó que el respaldo legal de esta iniciativa está "sentenciado y fallado" por el Constitucional y subrayó que "Andalucía no rompeningún acuerdo ni usa la caja nacional de la Seguridad Social".

"No estamos dispuestos a que casi 300.000 familias se sientan inquietas" por una ley aprobada en el Congreso, dijo en referencia a la norma que ayer sacó adelante la mayoría del PP, con el apoyo de Coalición Canaria.