El punto 5 del Pacto Antiterrorista establece que "la política penitenciaria forma parte de la estrategia de persecución contra las bandas terroristas y, por tanto, se sitúa en el marco de acuerdo entre ambos partidos y con el Gobierno".

"Nuestrosistema penal ofrece una respuesta jurídica adecuada para reprimir esos delitos. No obstante, si nuevas formas delictivas o actitudes y comportamientos que constituyeran objetivamente colaboración o incitación al terrorismo exigiesen reformas legales, nos comprometemos a impulsarlas en el marco del mutuo acuerdo", suscribieron en diciembre de 2002 José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Javier Arenas.

El objetivo de la reforma que ahora pretende llevar a cabo el Ejecutivo está también contempado en el acuerdo con la idea de garantizar que se aplique "el más completo y severo castigo a los condenados por actos terroristas".

PP y PSOE se comprometieron a mantener una "colaboración permanente" en la lucha contra el terrorismo mediante el intercambio de información y la "actuación concertada" en casos de reformas legislativas, política penitenciaria, cooperación internacional, movilización ciudadana e instituciones.

Este es el fin que el punto 9 del acuerdo atribuye a la comisión de segumiento del Pacto, formada por los máximos dirigentes de ambas formaciones y encabezada por el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy. Además, el punto 10 del texto reafirma el compromiso firme de populares y socialistas para trabajar "en común" contra el terrorismo.