La familia de Martíne alertó hace unos días del riesgo que corre de perder la revisión del juicio, debido a que no se ha logrado recaudar el dinero suficiente para costear una defensa con garantías.

En rueda de prensa en el Senado, Prada subrayó el papel protagonista desempeñado por la Cámara Alta durante el último año en la defensa pública del caso de Martínez y en el rechazo ante las autoridades estadounidenses de la aplicación de la pena de muerte.

No obstante, a preguntas sobre la situación económica que atravies Martínez y la posibilidad de que el Senado adoptara alguna solución, Prada dijo que se trata de una "situación compleja", puesto que "es difícil encajar que el Senado como tal institución pudiera sufragar este tipo de coste".

En su opinión, sobre este particular sería más adecuada una intervención directa de otras instituciones, como ayuntamiento o comunidades autónomas. Al respecto, recordó que algunas de ellas aprobaron en su día partidas económicas para sufragar el coste de la defensa de Martínez. Lo cierto es que, a pesar de estas iniciativas y otras tantas de carácter personal impulsadas por senadores de diversos grupos parlamentarios, a la familia de Martínez aún le falta recaudar alrededor de sesenta millones de pesetas.

Prada afirmó que, en cualquier caso, el Senado "no ha sido en absoluto cicatero en la ayuda que hacía falta para salvar la vida de un español condenado a muerte". De hecho, llegó a mediar ante las autoridades americanas en un momento en el que Martínez se encontraba enel "corredor de la muerte" esperando al ejecución de la pena capital.

No obstante reiteró que aprobar una ayuda económica, de entrada, escapa a sus competencias como institución, si bien recordó que a iniciativa de cualquier grupo parlamentario la cuestión sería objeto de "un serio debate y si hubiera alguna posibilidad de tipo reglamentario (la Mesa del Senado) no tendría inconveniente en hacerlo".

En relación a esta cuestión, ya se produjo un intento desde el Senado durante el reciente debate prlamentario de los presupuestos generales del Estado. Una enmienda a la Ley de Acompañamiento pidiendo que se costeara la defensa de Martínez a cargo del erario público fue finalmente rechazada.