La iniciativa socialista, a la que ha tenido acceso Servimedia, precisa que la asistencia jurídica deberá producrse desde el primer momento posible a partir de la detención, cuando se formule una acusación que pueda conllevar pena de muerte, durante el procedimiento judicial y en la fase posterior a la sentencia, cuando el condenado se encuentre en el "corredor de la muerte".

Según argumenta el PSOE, en estos momentos, aunque más de la mitad de los países del mundo han abolido la pena de muerte, quedan numerosos Estados donde esta pena no sólo es contemplada, sino impuesta y ejecutada. Como consecuencia de estasituación, dos ciudadanos españoles están condenados a muerte y sobre un tercero pesa una acusación que conlleva la condena a la pena capital.

Los españoles que se encuentran en esta situación en el extranjero son Nabil Nanakli, que se halla en prisión en Yemen condenado a pena de muerte; Julio Zamora, que permanece a la espera de ejecución en EE.UU., y Joaquín José Martínez, cuyo juicio tiene que ser revisado también en Estados Unidos.

Martínez, que fue condenado a muerte en el Estado de Floridaen un proceso que fue anulado por el Tribunal Supremo de ese Estado, se encuentra actualmente a la espera de que comience un nuevo proceso el próximo mes de abril.

Según los socialistas, los ciudadanos españoles detenidos en el extranjero se encuentran en una situación de sometimiento personal a la soberanía y a la jurisddicción del Estado en que se encuentran, lo que no debe ser un obstáculo para que España promueva la protección del derecho a la vida de nuestros nacionales, que no se puede extinguircuando cruzan las fronteras.