Para la portavoz de EA en la Cámara Baja, Begoña Lasagabaster, "la posición de Cardenl sobre la aplicación de la pena capital en otros Estados y su negativa a denunciar estas prácticas exige que el Gobierno que lo nombró explique cómo defenderá la resolución adoptada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU referida a la erradicación de la pena de muerte".

Esa resolución pide una moratoria de la aplicación de la pena capital en los setenta y dos países que aún mantienen en su legislación este castigo.

En este sentido, Lasagabaster reclama una aclaración oficial sobre las manfestaciones de Cardenal, "cuyo contenido", afirma, "ha herido la sensibilidad de quienes durante muchos años lucharon para abolir esta práctica en el Estado español".

En opinión de la diputada de EA, "es inaceptable que un alto representante de la Justicia, cuya responsabilidad es velar además por los derechos de la sociedad, justifique la vulneración del más importante que asiste a una persona en función de la legislación del lugar en la que se produce".