Según manifestó hoy Pedrol en rueda de prensa, esta medida es contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos, suscrito en Roma en 1979, y podría ser motivo de nulidad de todo el procedimiento.

Sin embargo, puntualizó que "esta situación la deberán decidir los tribunales", al tiempo que recordó que el consejo presentó en su día varios recursos de casación y está dispuesto a llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo para resolvero.

Antonio Pedrol estima que el juez Manglano se excedió al aplicar la legislación antiterrorista y ordenar la incomunicación, lo que equivale a designar un abogado de oficio a los detenidos, entre los que se encontraban el concejal del PP Salvador Palop y ex tesorero del mismo partido Rosendo Naseiro.

Para el decano madrileño, la misma legislación antiterrorista atenta contra los derechos recogidos en el Tratado de Roma, que reconoce que todo acusado, "entendiendo como tal a cualquier persona qu recibe una notificación de un organismo oficial en el que se le reprocha un hecho delictivo", tiene derecho a un abogado de libre elección.

Pedrol anunció que el próximo miércoles, fecha en la que comienza el juicio, acudirá al salón de plenos del Tribunal Supremo con su insignia del consejo para manifestar su rechazo a esta legislación, "que tiene interés institucional, ya que encierra una enorme importancia para las garantías de los ciudadanos y afecta al honor de la abogacía, al dar por hecho que n letrado de libre designación va a colaborar en la ruptura de la incomunicación".

Con su postura, aseguró, no pretende entrar en la posible culpabilidad o inocencia de los acusados, para los que el fiscal pide nueve meses de arresto para cada uno por un delito de cohecho y dijo que sólo "con intenciones perversas" puede interpretarse como una forma de presionar al tribunal.