Propiamente, el motivo de la comparecencia solicitada por los diputados del Grupo Popular que aparece el orden del día del Pleno de esta semana es "para que explique el nuevo partenariado para el siglo XXI que estableció en su visita a Rabat y las consecuencias que ello ha ocasionado en la relación con Argelia".

No será el único asunto que aborde Sánchez en su exposición. Todos los grupos parlamentarios menos el suyo, que están en contra del giro en la política española hacia el Sahara, le habían reclamado una comparecencia monográfica, pero finalmente tendrá que compartir protagonismo con las explicaciones acerca de cómo discurrió la reunión del Consejo Europeo del pasado lunes y martes.

Desde el Grupo Socialista justificaron la coincidencia por la imposibilidad de hallar fechas distintas para que Sánchez compareciera una vez por cada uno de los dos últimos consejos europeos; otra vez por el espionaje con el software Pegasus por el que sustanció la del pasado jueves 26 de mayo; y una vez más por el acuerdo con Marruecos, aparte del Debate sobre el Estado de Nación que se baraja para primeros de julio.

El mismo 18 de marzo en que Rabat quiso que se supiera que el presidente del Gobierno español había abrazado su propuesta de simple autonomía para el territorio del que España fue potencia descolonizadora, el PP solicitó la comparecencia de Sánchez en el Congreso para explicarla, y al día siguiente registraron otra petición todos las fuerzas nacionalistas, Más País y los dos partidos políticos de ámbito canario.

Sin embargo, pese al retraso en la comparecencia, no será la primera vez que el Pleno del Congreso debata este giro que el PSOE sigue negando que sea tal. El 30 de marzo, Sánchez ya compareció ante el Pleno del Congreso para dar cuenta del último Consejo Europeo, del Plan de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra de Ucrania y de su posición sobre el Sahara Occidental. Este último tema fue el objeto en el que con más pertinacia insistieron todos los grupos parlamentarios, en términos similares a los que ya echaron en cara días antes en la Comisión de Asuntos Exteriores al ministro, José Manuel Albares.

El 7 de abril, horas antes de que Sánchez viajara a Rabat para reunirse con Mohamed VI y escenificar la nueva relación bilateral que quedaba establecida, el Congreso aprobó una proposición no de ley de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu que apoyaba las resoluciones de Naciones Unidas que defienden un referéndum en el Sahara Occidental. Salió adelante con 168 votos a favor, incluidos los del PP; 118 en contra del PSOE (dos menos de sus escaños porque una diputada se equivocó y Sánchez estaba en ese momento en Moncloa con Alberto Núñez Feijóo) y las 61 abstenciones de Vox y Ciudadanos.

LA POSICIÓN DEL CONGRESO

La parte resolutiva de la iniciativa rezaba asépticamente: "El Congreso de los Diputados ratifica su apoyo a las resoluciones de la ONU y a la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso), en el convencimiento de que solo el diálogo, la negociación y el acuerdo llevado a cabo de buena fe y de manera constructiva , conforme al Derecho Internacional , ayudarán a alcanzar una solución política justa, realista, viable, duradera y aceptable por ambas partes al conflicto político en el Sáhara Occidental".

Los grupos proponentes la redactaron de esa forma tan aséptica con la esperanza de que el PSOE votara a favor, y así lo iba a hacer al menos hasta el debate parlamentario del miércoles a mediodía. El portavoz socialista, Héctor Gómez, justificó el paso al 'no del Grupo Socialista, contradiciendo su propia afirmación en la rueda de prensa del martes en la que avanzó el voto afirmativo a la proposición no de ley.

Entonces, constató que la parte dispositiva, que es la que se vota, “está dentro del marco que nosotros siempre hemos defendido”, el de “la legalidad internacional y bajo el marco de Naciones Unidas”. Por tanto, alertando que eso sólo cambiaría en caso de que se aceptara una enmienda del PNV que apostaba abiertamente por la autodeterminación del Sahara y criticaba el giro del Gobierno, anunció: “En los términos en los que está podemos apoyarla”.

El PNV proponía añadir a dicha parte dispositiva que “el Congreso de los Diputados manifiesta su disconformidad con el cambio de postura del Gobierno respecto al contencioso; un giro radical y unilateral que, al apostar sin ambages por el plan de autonomía marroquí del año 2007, supone alinearse plenamente con las aspiraciones del Reino de Marruecos de considerar como propio el territorio del Sáhara Occidental” y que “reconoce también el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y ratifica que todas las opciones, incluida la independencia , son legítimas e insta al Gobierno a actuar en este sentido”.

Sin embargo, los grupos proponentes, que hacían una denuncia parecida en su exposición de motivos, prefirieron no incluirla en la parte dispositiva para que el PSOE la apoyara, como había dado a entender y finalmente no hizo. El Frente Polisario les había asegurado que para ellos era más importante que el grupo mayoritario de la Cámara y sustento del Gobierno se uniera a respaldar las resoluciones de la ONU que apuestan por un referéndum de autodeterminación que el que el resto de los grupos explicitaran su reproche al giro de Sánchez.

En cualquier caso, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y el Frente Polisario advirtieron a la salida del Pleno de que, una vez manifestada la posición casi unánime del Congreso, ésta era la "posición de Estado" y que Sánchez iría a Rabat sin la autorización de la soberanía popular para llegar a ningún acuerdo con Marruecos que hipotecara al pueblo saharaui, sino si acaso con una postura "personal".

El miércoles se volverá a visualizar la soledad del PSOE en esta materia, agudizada por el punto que el PP se ha encargado de explicitar en su solicitud: la afectación del giro de Sánchez a las relaciones con Argelia, aliado de los saharauis, enemigo de Marruecos y cuyo anuncio de que encarecerá el suministro de gas a España precisamente en un momento de problemas de suministro y precio de la energía derivados de la guerra de Ucrania han venido resaltando una y otra vez muchos de los grupos parlamentarios que critican el cambio de la posición histórica del país.

SESIÓN DE CONTROL

La comparecencia de Sánchez sobre el acuerdo con Marruecos y el último Consejo Europeo, que ocupará casi toda la mañana y en la que el presidente no tiene límite de tiempo en sus intervenciones, dejará en segundo plano la habitual sesión de control al Gobierno de los miércoles. Mucho más después de que la sesión análoga en el Senado, la tarde del martes, vaya a ser el escenario del primer enfrentamiento dialéctico entre Sánchez y el presidente del PP e inminente senador por designación del Parlamento gallego, Alberto Núñez Feijóo.

En el Congreso será la portavoz y secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, quien preguntará al jefe del Ejecutivo si "considera que su Gobierno está unido y cohesionado". Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, le inquirirá "hasta cuándo va a permitir el desacato institucional de las sentencias judiciales en Cataluña realizado con la clara intención de perseguir la presencia del idioma español en las aulas". Más tarde, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, retomará el asunto y la protesta en pregunta a la ministra de Educación, Pilar Alegría: "¿Va a seguir el Gobierno sin hacer nada para garantizar el derecho de las familias de Cataluña a escolarizar también en español a sus hijos?". El PP hará debatir la tarde del martes una proposición no de ley en el mismo sentido.

También de temática catalana, pero perspectiva inversa, será la tercera cuestión que tendrá que contestar Sánchez, a instancias de la portavoz de la CUP, Mireia Vehí: "¿Cómo explica que la ejecución presupuestaria del Estado en los 'Països Catalans' sea muy inferior a la presupuestada?".

La también independentista portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, volverá a la carga con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "¿El Gobierno va a tomar medidas para ejecutar la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 en Cataluña?". Y la diputado de ERC Inés Granollers con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez: "¿Cómo piensa el Gobierno español cumplir antes de fin de año con la inversión en infraestructuras aprobada por el Parlamento español en la Ley de Presupuestos?".

El PP y Vox dedicarán casi todo el resto de sus preguntas a llamar la atención sobre la situación económica, en tanto que la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, planteará dudas sobre la Ley de Comunicación Audiovisual cuyo dictamen salió adelante por los pelos la semana pasada en el Congreso de los Diputados.