Pérez, que compareció hoy ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, hizo estas declaraciones un día antes de la huelga general que se desarrollará mañana en Asturias, en protesta por la destrucción de puestos de trabajo y sobre la que el secretario ge Estado de Economía no quiso hacer ningún comentario.

El responsable de Economía explicó que las previsiones deL Gobierno de crear unos 200.000 empleos en 1992 es coherente con las tendencas del mercado laboral y con un incremento de los salarios del 5 por ciento.

Según Pérez, el aumento de los salarios en 1991 dos puntos por encima de las recomendación del Gobierno, que era de entre el 5,6 y el 5,8 por ciento, ha hecho que sólo se hayan creado este año unos 80.000 empleos, frente a los más de 200.000 previstos por el Ejecutivo.

Pérez se refirió también a la subida de un punto en el tipo de cotización a la Seguridad Social por desempleo y aseguró que no tiene por qué tener un impato negativo en la creación de empleo, como han afirmado los empresarios.

Manifestó que el aumento de la cotización por desempleo está conectada con la flexibilización del mercado de trabajo que existe en España desde 1984. A su juicio, "esa flexibilización ha sido muy positiva, pero es evidente que debe tener como contrapartida una mejora del nivel de prestación a los parados".

Para Pérez, "los empresarios han optimizado en los últimos años el juego de contrataciones laborales y desempleo. El aumnto de un punto es en gran medida el precio por la mayor flexibilización del mercado laboral". En su opinión, es difícil determinar si ese incremento tiene un efecto más negativo que el que hubiese tenido la no flexibilización del mercado laboral.

Volvió a calificar de "realista" la previsión de inflación del Gobierno del 5 por ciento para 1992 al tiempo que defendió la política económica del Ejecutivo. Insistió en que "una política fiscal rigurosa, una política monetaria basada en la lucha contra la nflación y las reformas estructurales son indispensables para mejorar la eficacia de la economía española".

Según Pérez, es necesario seguir incidiendo en las reformas estructurales como la liberalización de movimientos de capital, la reforma del mercado de trabajo y otras para desacelerar la inflación y asegurar que España será en el futuro un país de inflación baja, sin tener que recurrir a fuertes ajustes.

SUBIDA DEL IVA

Pérez aseguró que la subida del IVA en 1993 va a ser neutral respecto ala inflación, ya que lo que suba el tipo normal de ese impuesto será contrarrestado por el tipo superreducido y con disminución del tipo intermedio del 33 al 15 por ciento.

El secretario de Estado de Economía hizo hincapié en la necesidad de fomentar el ahorro, destacando el buen comportamiento del ahorro público, que se situará este año en el 2,5 por ciento del PIB y en el 2,7 por ciento en 1992. Resaltó la buena acogida de los fondos de pensiones y las instituciones de inversión colectiva como instrmentos para fomentar el ahorro familiar.

Según Pérez, hasta la fecha hay un total de 700.000 millones de pesetas en fondos de pensiones y su ritmo de crecimiento será "bastante vivo en los próximos años". En cuanto a las instituciones de inversión colectiva, dijo que en los nueve primeros meses del año sus recursos se han situado en un billón de pesetas.

Finalmente, habló de la liberalización de movimientos de capital, adelantada por el Gobierno para el 1 de enero de 1992, y dijo que el reglament que está elaborando el Ejecutivo no supondrá la pérdida de información ni facilitará la evasión de impuestos y "dinero negro".

Explicó que todas las operaciones deberán realizarse vía bancaria, salvo los movimientos de captial en cuentas que ya están abiertas en el exterior, cuyos titulares sólo estarán obligados a informar periódicamentea la Administración de los movimientos de esas cuentas. De no hacerlo, les serían impuestas las sanciones administrativas correspondientes en materia de control decambios.

Señaló que el reglamento que elabora el Gobierno mantiene el delito monetario, pero confinado sólo a los movimientos físicos de billetes, de manera que la persona que sea interceptada en la aduana con una cantidad de dinero superior a la permitida estaría incurriendo en delito.