En concreto, Pedraz sienta en el banquillo de los acusados a los responsables de Sintel Jorge Mas Santos, Juan Carlos Mas Santos, Juan Antonio Casanova, José Miguel Sariego, Ricardo Campos, Joel-Tomas Citron, Pedro Novela y Alfredo Flórez.

La Fiscalía pide cinco años y medio de prisión para todos ellos menos para Flórez Plaza y Novela, para los que solicita dos años y medio de prisión. El Ministerio Público considera que todos ellos obtuvieron presuntamente un beneficio económico a costa del patrimonio de Sintel, a la que llevaron a la quiebra.

Además, Pedraz da a estas ocho personas 24 horas para prestar una fianza pecuniaria 300 millones de euros que les permita hacer frente a la posibles responsabilidades civiles si son condenados en el juicio. En concreto, será la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la encargada de enjuiciar a los directivos Sintel.

De todas estas cantidades deberán también responder como responsables civiles subsidiarios las empresas mercantiles MasTec, Artcom Technologies y Sintel Internacional.

TELEFÓNICA EXCULPADA

Los que no se sentarán en el banquillo de los acusados son los antiguos responsables de Telefónica. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el pasado mes de enero la decisión de Pedraz de dejar fuera de la investigación a los cinco altos cargos de Telefónica a los que se consideraba responsables de la venta irregular de Sintel, entre ellos los ex presidentes Juan Villalonga y Cándido Velázquez-Gaztelu.

Esta decisión imposibilita, en la práctica, que los afectados puedan reclamar durante el juicio que se declare la responsabilidad civil subsidiaria de Telefónica por la venta de Sintel.

En 2001, más de 1.800 trabajadores de Sintel perdieron su empleo tras quebrar la empresa, antigua filial de Telefónica y que la compañía vendió en 1996 a la familia cubano-americana Mas Canosa, y dejar un agujero patrimonial superior a 59,36 millones de euros.

El proceso contra los responsables de Sintel se inició en julio de ese mismo año, a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. En enero, los trabajadores, que protagonizaron una acampada de seis meses en el Paseo de la Castellana de Madrid para reclamar sus derechos laborales, denunciaron a los anteriores responsables de la filial de Telefónica ante la Fiscalía Especial.