En un auto, Pedraz dice que la jurisdicción española tiene "competencia" para investigar la denuncia presentada por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y Tubten Wahghen Sherpa Sherpa.

Los denunciantes acusan al actual ministro de Defensa chino, Lian Guanglie; al ministro de Seguridad del Estado, Geng Huichang; al secretario del Partido Comunista Chino en la región autónoma del Tíbet, Zhang Qingli, y al miembro del Politburó en Pekín Wang Lequa, de un "crimen contra la humanidad y, en concreto, un delito de lesa humanidad (...) dada la supuesta causación intencionada de muerte o lesiones graves, la desaparición forzada, la detención privación de libertad con infracción de las normas internacionales y las torturas".

Según los denunciantes, la población tibetana se constituiría como "un grupo o colectivo perseguido por las autoridades por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".

Los denunciantes también acusan al líder de la Comisión de Asuntos Etnicos, Li Dezhu; al comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa, el general Tong Guishan; y al comisario político del comando militar de Chengdu, el general Zhan Guihua.

El magistrado explica en el auto que, "antes de formalizar el traslado de la querella a los inculpados, requiérase a los querellantes para que identifiquen completamente y reseñen la filiación de los querellados".

Además, Pedraz cita a declarar como testigos para el 4 de septiembre al responsable de seguridad del gobierno tibetano en el exilio y al director del centro tibetano para los derechos humanos y la democracia del Ministerio de Seguridad del gobierno tibetano en el exilio. Para el 7 de septiembre cita al responsable del reciente informe de Amnistía Internacional sobre la represión en el Tíbet.

Esto se suma a la investigación que tiene abierta desde 2006 otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en la que indaga el supuesto genocidio perpetrado por el Gobierno chino en el Tíbet durante las décadas de los ochenta y de los noventa.