Peces Barba restó importancia a la falta de consenso derivada del actual clima de crispación política (posibilidad apuntada por otros comparecientes) y destacó que la reforma constitucional debe seguir adelante para conseguir un acuerdo final, que bien podría conseguirse en la presnte legislatura o en la siguiente.

"El tiempo histórico de las reformas constitucionales", dijo, "no se detiene en las cosas inmediatas. El trabajo hay que seguir haciéndolo y el momento será el que tenga que ser. Los hechos concretos no pueden producir que se detenga un proceso tan importante como éste. Cuando haya consenso para ello, en esta legislatura o en la siguiente, se podrá abordar".

En concreto, Peces Barba propuso a los comisionados un diseño de Senado en el que sus miembros sean elegios exclusivamente por los parlamentos de las comunidades autónomas, con un número de senadores igual para todas más un parlamentario más por cada millón de habitantes que excedan de un millón.

En cuanto a las funciones de la futura Cámara Alta, se mostró partidario de que la Cámara conserve las actuales y de que refuerce las de ámbito autonómico. "Debe mantener las actuales funciones", agregó, "porque en la política y en la cultura jurídico-democrática de los contrapesos, el Senado contrapesaría, valg la redundancia, las posiciones en materia legislativa de una Cámara de elección por partidos políticos con la de representación territorial".

Explicó que el Senado sería una cámara de primera lectura para las cuestiones que tengan una clara preponderancia de interés autonómico, pero que nunca tendría la última palabra desde el punto de vista legislativo. "En caso de discrepancia, siempre debe decidir el Congreso de los Diputados, porque es la cámara que representa la soberanía".

Durante su compaecencia, Peces Barba hizo referencia a los hechos diferenciales, pero insistió en que éstos no son jurídicamente relevantes.

Recordó que la Constitución del 78 intentó resolver en su día los problemas políticos y culturales de los hechos diferenciales -fundamental el catalán, vasco y gallego- y que, al mismo tiempo, pretendió producir jurídicamente una igualación posterior para que las comunidades autónomas que quieran puedan utilizar sus competencias al máximo o al mínimo de las posibilidades.

"o creo que el hecho diferencial no tiene un reflejo político que deba tener tampoco ninguna relevancia en esta modificación constitucional", agregó.