Ambas formaciones de izquierda jutifican su oposición a dicho concurso en que supone "poner en peligro la privacidad" de los datos fiscales que habrían de manejar empresas concesionarias de servicios de Hacienda.

Según el PDNI e IC-EV, el concurso contempla que sea una empresa privada la que desarrolle los servicios de cita previa, la confección de las declaraciones abreviadas y la información tributaria básica.

Las dos formaciones consideran que "la naturaleza privada de los datos que tiene Hacienda sobre los contribuyentes oblga a mantener una especial sensibilidad respecto al tratamiento de los mismos, para garantizar el derecho a la intimidad".