En rueda de prensa en el ongreso, la diputada Cristina Almeida aseguró que el Gobierno pretende recuperar la protección de una "moral sexual anticuada" y que "en vez de proteger la libertad sexual, protege una determinada concepción de moral, un determinado sentido de honestidad".

Según Almeida, las relaciones sexuales consentidas entre los jóvenes de 13 a 15 años se sancionan en el proyecto de ley con hasta 12 años de prisión, pena comparable a la prevista para el homicidio. "Parece ignorarse", aseguró, "que a partir de los4 años se puede contraer matrimonio y, por lo tanto, mantener relaciones sexuales dentro de la legalidad y con autorización".

Por ello, agregó la diputada, "lo que se incrimina son supuestos de sexualidad consentida, impunes dentro del matrimonio". Además, al recuperar el delito de corrupción de menores, según el proyecto del Gobierno, "se conduce a la represión penal de la sexualidad de los jóvenes".

Tanto el PDNI como IC coinciden en señalar que al penalizar al consumidor de pornografía en la qe intervengan menores, "se desvalora su comportamiento sexual hasta convertirle en responsable penal de un negocio que, como tal, ya es punible en el Código Penal".

Almeida afirmó que "se aplica el criterio mercantil de 'quien crea la demanda, crea la oferta', ni más ni menos que para decidir la responsabilidad penal".

Según la enmienda a la totalidad presentada por ambas fuerzas políticas, es paradójico que el abuso sexual con prevalimiento de superioridad, frecuente en el ámbito laboral, quede liminado y que, tras la reforma del Código Penal, "sólo podrá perseguirse si se demuestra la ausencia de consentimiento o la intimidación".