Este pazo, incautado al matrimonio Laureano Oubiña y Esther Lago, era uno de los símbolos más emblemáticos del enriquecimiento rápido por el narcotráfico en Galicia.

Ahora, el importe de la venta se distribuirá íntegramente a programas de prevención, mejora de la asistencia y rehabilitación social de las personas drogodependientes (que desarrollan las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales y las ONG de ámbito nacional), a la mejora de las condiciones de la lucha policial y judicial contra el narcotráfico y al resto de beneficiarios de la Ley del Fondo (Fiscalía Especial Antidroga, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Vigilancia Aduanera, etc.).

La empresa vitivinícola Condes de Albarei, una cooperativa integrada por más de 400 familias, se ha comprometido a abonar 15.102.000 euros, superando en dos millones de euros las ofertas de sus competidores. Su precio mínimo de venta era de 8.693.972,66 euros, según la tasación realizada por la empresa pública estatal Segipsa.

Así lo ha decidido esta mañana la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones del Fondo de Bienes Decomisados, que preside la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Carmen Moya, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Por su parte, Martín Codax y Marqués de Riscal, las otras bodegas competidoras, han ofrecido respectivamente 13.106.059,99 euros y 13.040.959,99 euros.

El importe final de esta venta es la mayor cifra ingresada en el Fondo de Bienes Decomisados por una sola sentencia.

El Pazo Bayón es el nombre con el que se conoce la Granja Fontán, el inmueble de mayor valor de los bienes incautados al narcotraficante Laureano Oubiña y a su esposa, Esther Lago, tras un largo proceso judicial, que culminó con el auto de la Audiencia Nacional de 28 de junio de 2006. A partir de esa fecha, el Pazo quedó integrado en el Fondo de Bienes Decomisados y la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones se hizo cargo de su gestión.

Dado el carácter emblemático de estos bienes, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas quiso que la venta del Pazo se realizara mediante concurso público, por las ventajas que presenta respecto a la subasta, el método que tradicionalmente se utiliza en la enajenación de los bienes incautados a los narcotraficantes.

El concurso público permite fijar un precio mínimo de venta y, además, establecer unos requisitos para optar a su compra y determinar unos criterios para valorar de forma objetiva el grado de compromiso con los programas de prevención y la reinserción laboral de drogodependientes, de acuerdo con los objetivos del Fondo de Bienes Decomisados.

En este sentido, se incluyeron en el pliego de condiciones algunos aspectos, como que para poder optar a la compra del Pazo Bayón, las empresas tenían que acreditar una antigüedad mínima de cuatro años en el sector vitivinícola, con una facturación media anual no inferior a cinco millones de euros o que los participantes en el concurso público debían comprometerse por escrito a mantener la producción vitivinícola un mínimo de seis años.

Además las ofertas debían detallar un número mínimo de jornadas de trabajo temporal no especializado, reservadas para personas drogodependientes en proceso de reinserción social, así comodeterminar qué porcentaje de la facturación anual de la producción vitivinícola destinaban a programas de prevención y reinserción de drogodependencias (porcentaje que podía oscilar entre un 1% y un 5%).

Con estos requisitos, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha perseguido dos objetivos. "Por un lado, lograr que la empresa adjudicataria del Pazo se comprometiera con los programas de prevención y reinserción social de los drogodependientes. Y, por otro, asegurar la transparencia y objetividad en el proceso de venta, impedir la especulación y evitar que los bienes vuelvan a caer en manos de los narcotraficantes o empresas interpuestas".