Las entidades firmantes reclamaron a través de un comunicado un “compromiso inmediato de la financiación pública que sustenta estos servicios, tal que asegure la correcta aplicación del nuevo convenio”. Indicaron que este supuso la mejora de las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en centros educativos, residenciales, ocupacionales, asistenciales y centros especiales de empleo.

“Las administraciones no están asumiendo el coste real de los servicios de atención a la discapacidad, ya que los convenios, acuerdos marco y subvenciones a través de los cuales se conciertan estos servicios están desactualizados”, demandaron.

Asimismo, las entidades reclamaron la actualización de las dotaciones presupuestarias, la adecuación de los precios plaza al nuevo convenio, un sistema de financiación adecuado y la equiparación de la financiación de las plazas gestionadas por el sector de la discapacidad con las gestionadas por la propia administración con el fin de garantizar una atención de calidad a las personas con discapacidad y "dignificar" las condiciones laborales de las personas trabajadoras.