En un comunicado, denunciaron que no tienen respuesta por parte del Ministerio de Hacienda sobre cuándo se van a poder cobrar las cantidades anticipadas, “lo que está causando graves perjuicios a las empresas, sea cual sea su tamaño, pero con especial incidencia en las pequeñas, que están abocadas al cierre si no cobran de forma inminente”.

Las patronales manifiestan su “malestar” por “la falta de sensibilidad de la Administración, que no ha sido capaz de dar ninguna respuesta escrita a las solicitudes del sector en nuestras diferentes reuniones con los interlocutores designados por el Ministerio de Hacienda”.

“Entendemos que la Administración desconoce cuál es el verdadero alcance de la medida, cuyo fondo compartimos por ser beneficiosa para los consumidores, pero que está resultando muy perjudicial para las gasolineras por su mal diseño y peor ejecución”, añaden.

A su juicio, la falta de desarrollo del Real Decreto-ley 6/2022 provoca que en cada comunidad autónoma se actúe de manera diferente, que las facturas de cada repostaje puede que no se ajusten a los requerimientos de Hacienda en cuanto a la aplicación de los impuestos y pueda haber sanciones a posteriori, que se estén exigiendo albaranes de venta en algunas regiones para pagar los anticipos “y que, en definitiva, se haya creado una situación que puede definirse como de asfixia económica, caos administrativo e inseguridad jurídica”.

Las patronales agregan que rechazan “rotundamente” “las declaraciones de algunos miembros del Gobierno que acusan a los operadores de estar subiendo los precios de manera artificial para quedarse con los 20 céntimos de subvención”.

“Estas manifestaciones crean una situación de malestar y proyectan la sombra de la sospecha sobre todo un colectivo que actúa como colaborador obligatorio de la Administración en la aplicación del real decreto”, remarcan las dos asociaciones.