Así lo advirtieron en un comunicado conjunto en el que alertaron de que dicha medida pone “en riesgo la atención” y subrayaron el “grave problema” que representa la “escasez” de profesionales cualificados en dicho sector, convencidas de que la disminución de la jornada laboral, “sin un plan de contingencia adecuado, acentuará aún más esta delicada situación”.

“Actualmente, las entidades de la dependencia ya afrontan serias dificultades para encontrar y retener profesionales cualificados”, abundaron, para defender que, dicha reducción, “aunque pueda ser bien intencionada, no cuenta con apoyo suficiente ni está considerando los graves problemas del sector”, al tiempo que “profundiza” la “crisis” de capital humano en el sector y “pone en riesgo la continuidad de los servicios a personas en situación de dependencia”.

Junto a ello, también juzgaron “importante” destacar que la implementación de esta normativa “implicará un inevitable incremento de los costes de los servicios”. “El sector, caracterizado por su intensa demanda de personas, se verá obligado a aumentar sus plantillas para mantener la atención con las nuevas exigencias de reducción de jornada”, agregó, para advertir de que esto supondrá una carga económica adicional “inasumible” para estas entidades.

A este respecto, recordaron que el sector opera “de manera muy significativa” bajo un modelo de gestión indirecta en el ámbito público, lo cual, unido a la ley de desindexación, que “impide” la revisión de los precios de los contratos durante la vigencia de los mismos, las sitúa en una posición “particularmente vulnerable”.

PRESIÓN INSOSTENIBLE

“La combinación de estas normativas generará una presión insostenible sobre las entidades del sector, dificultando aún más su capacidad para preservar la calidad de los servicios y garantizar su sostenibilidad”, sentenciaron, al tiempo que instaron a “reconsiderar” la implementación “unilateral” de esta normativa y a “dialogar” para “encontrar soluciones que no comprometan la sostenibilidad de los servicios de atención a la dependencia”.

“Además, consideramos fundamental que cualquier modificación normativa venga acompañada de un período razonable de transición y de la flexibilidad suficiente en la gestión de los tiempos de trabajo para poder responder adecuadamente a las singularidades de nuestro sector”, prosiguieron, al tiempo que urgieron a “tener en cuenta” las “necesidades específicas” del sector para “evitar consecuencias adversas que afecten tanto a las personas atendidas como a las entidades prestadoras de cuidados”.