Tanto la Federación Empresarial Nacional de Transporte en Autobús (FENEBÚS) como la Federación Empresarial Nacional de Transporte de Viajeros (ASINTRA) coincidieron al asegurar a Servimedia que no tomararán "ningún tipo de medidas de fuerza o presión", pues no sólo "sería contraproducente, sino que perjudicaría económicamente a las empresas", tal y como puso de manifiesto Fenebús.

En la misma línea, Asintra apostó por la "negociación dialogada, no por la fuerza" con la Administración para solventar la subida del precio del petróleo y sus derivados, "que afecta de forma especial a los transportistas", añadieron fuentes de la patronal.

En cuanto a las medidas que deberían adoptarse para paliar el repunte del carburante, mientras Asintra cifraba en un 4,32% el aumento que deberán registrar sus tarifas, Fenebús apuntaba el 5% como el incremento necesario para compensar "el 20% que representa el precio del carburante en las empresas", aclaró el director general de Fenebús, José Luis Pertierra.

DIFERENCIACIÓN POR SECTORES

Asimismo, Pertierra sugirió la diferenciación del gasóleoprofesional del destinado a uso privado o la compensación a través de políticas fiscales junto con la repercusión directa sobre el precio que deben abonar los viajeros como medidas necesarias para "salir al paso" ante la constante subida del precio del barril de crudo.

En lo referente a los contactos que los conductores de autobús están manteniendo con los Ministerios de Fomento y Economía, Pertierra señaló que "estarán trabajando ya en alguna dirección" y que "de momento", sus socios no llevarán a cabo ninguna movilización pues "están sometidos a la regulación de precios autorizados, para bien o para mal".

Por su parte, Asintra exlicó a Servimedia que aunque la subida del precio del carburante afecta a todos los profesionales del sector, lo hace de forma diferenciada en función del tipo de servicio que ofrezcan.

Así pues, mientras que los servicios discrecionales podrían aplicar una subida directa en sus tarifas, las líneas de transporte escolar, al depender de "contratos plurianuales" con la Administración, deberían estudiar "la inclusión de claúsulas de revisión de precios" para situaciones como la actual.