Así lo aseguraron, en un comunicado conjunto, Aproser (Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad), FeSMC-UGT (Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT), CCOO del Hábitat y FTSP-USO (Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera),.

En esta nota, estas organizaciones plantean las que consideran “prioridades legislativas y reglamentarias que requiere el sector en el próximo período legislativo”.

Explican que entre estas necesidades están “rejuvenecer las plantillas del sector”, para lo cual reclaman “un proceso de establecimiento de coeficientes reductores para la jubilación anticipada de trabajadores del sector, especialmente aquellos con tareas más demandantes”. Además, sugieren “promover la jubilación parcial como un medio para rejuvenecer las plantillas”.

ANULAR CONTRATOS PÚBLICOS

Otra demanda es impulsar la formación profesional. Celebran que se haya aprobado el título de Formación Profesional de Grado Medio de Técnico en Seguridad y destacan “la necesidad de desarrollar aspectos adicionales del currículo que preparen a los profesionales de seguridad privada para futuros roles”. En esta línea proponen la creación de una formación profesional de grado superior.

También solicitan “garantizar el equilibrio económico de los contratos”. Para ello creen necesario modificar la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación pública, de forma que se puedan hacer “ajustes ante cambios normativos o circunstancias imprevistas” y abordar “la rescisión contractual en situaciones razonables”.

Asimismo, abogan por establecer un régimen equilibrado de responsabilidad por incumplimientos laborales y de seguridad social Se busca modificar el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la estabilidad en el empleo y la seguridad jurídica de las empresas adjudicatarias.

Por último, demandan que se culmine el proceso normativo de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada: A pesar de discrepancias, se aboga por un desarrollo reglamentario previamente consensuado que permita anticiparse a los retos de seguridad y avances tecnológicos del siglo XXI.