Así lo manifestó en una rueda de prensa convocada para dar a conocer la declaración aprobada hoy por unanimidad por la Junta Directiva de la CEOE sobre el paro convocad por los sindicatos mayoritarios contra el decreto que recorta las prestaciones al desempleo.

En esta declaración, la CEOE anuncia que exigirá al presidente del Gobierno, Felipe González, que declare ilegal esta huelga y que, en caso de que se produzca, garantice el derecho y la libertad de trabajo de las personas, evite posibles violencias y coacciones sobre empresas y trabajadores y asegure el cumplimiento escrupuloso de "servicios plenos" en los sectores esenciales para la comunidad.

Los resposables de la patronal, que realizarán esta petición a González por escrito, "o en una entrevista si procede", consideran que el paro previsto para el día 28 "es ilegal", ya que "es una huelga política, que intenta violentar las decisiones del Gobierno y del Parlamento de la nación".

La CEOE se ampara en una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en abril de 1981, que establece que "no nos encontramos ante el fenómeno de huelga protegido en el artículo 28 de la Constitución cuando se producenperturbaciones en la producción de bienes y de servicios o en el normal funcionamiento de estos últimos que se introducen con el fin de presionar sobre la Administración pública o sobre los órganos del Estado para conseguir que se adopten medidas gubernativas o que se introduzca una nueva normativa más favorable para los intereses de una categoría".

EMPRESAS ABIERTAS

Jiménez Aguilar insistió en lo "gravemente perjudicial" que será la huelga para la economía española" y anunció que la patronal recomedará a los empresarios que mantengan abiertos sus centros productivos para garantizar el derecho al trabajo, a pesar de cualquier presión sindical.

Añadió que también aconsejarán que "nadie pague ni una sóla hora a los trabajadores que no acudan a su puesto de trabajo", al tiempo que afirmó que "es una huelga ilegal que puede tener consecuencias graves para los trabajadores". Puso como ejemplo las consecuencias derivadas de la huelga realizada en Madrid por los trabajadores de la EMT.

"Estamos ane una huelga política contra una decisión soberana del Parlamento y los empresarios tomarán todas las iniciativas legales que procedan frente a la ausencia al trabajo y la violencia para defender sus intereses legítimos", añadió.

El secretario general de la CEOE señaló que "esperamos del raciocinio de los sindicatos la desconvocatoria de la huelga", al tiempo que afirmó que el paro del día 28 no obedece a los deseos de los trabajadores y que "un medio tan extraordinario como el de la huelga no puede sr empleado para mantener un pulso con el Gobierno".