Para Isabel Bazo, este proyecto es "totalmente negativo" y supone un retroceso con respecto al anteproyecto inicial "que hemos estado tramitando durante 10 meses".

"La ley no garantiza unos mínimos para todas las comunidades, de tal modo que haya unos conocimientos básicos comunes", sino que "trata con cada comunidad por separado", lo que, según dijo a Servimedia la presidenta de CECE, ahonda en las diferencias educativas en el territorio español.

Algo que considera de extrema gravedad "dado la vergonzosa posición en que la calidad de la educación española quedó en el Informe de Pisa".

Asimismo, incidió en el hecho de que es "una ley muy problemática y que no es válida para todos". A su entender, "limita y empobrece las posibilidades de los padres para elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos".

Por último, subrayó que, teniendo en cuenta la consideración de la enseñanza como un servicio público, el proyecto juega en contra de los colegios concertados "que quedan en inferioridad de condiciones".