En un comunicado, la patronal catalana justificó su rechazo en que las medidas propuestas tendrán un impacto negativo para la actividad de las empresas, especialmente de las pymes y autónomos, y para el crecimiento de la economía y la creación de ocupación en Cataluña y en el resto de España. Fomento manifestó su “incomodidad con estas líneas políticas económicas y laborales”.

Defendió que cualquier propuesta que comporte “modificaciones en las reglas de juego en el mundo laboral entre empresas y trabajadores tiene que discutirse y acordarse necesariamente entre los agentes sociales”, ante medidas como la reducción de la jornada a 37,5 horas. La patronal consideró “grave” un “nuevo intento de usurpación” del ámbito del diálogo social bipartito. “Del mismo modo que consideramos grave la enésima utilización de la vía del decreto ley para hurtar los necesarios debates políticos o presentación de enmiendas”, criticó Fomento.

Específicamente sobre la reducción de jornada, la patronal catalana explicó que no se puede aplicar “de manera universal” por las particularidades de cada sector y el tejido productivo español, y en los que se pudiera aplicar “se tendría que analizar su impacto en diferentes cuestiones como por ejemplo la carga y distribución del trabajo”.

Fomento argumentó que tendría costes adicionales para las empresas porque habría que compensar las horas perdidas mediante la contratación de más trabajadores, lo que “puede tener un impacto significativo en los presupuestos empresariales”, especialmente para las pymes.

Así, Fomento aclaró que las empresas “no estamos en contra de la reducción de la jornada laboral por principio, sino de la reducción generalizada por ley uniforme para todos los sectores”. En lugar de la reducción, defendió una “reordenación” del tiempo de trabajo.

Desde la patronal recordaron que numerosos convenios colectivos y acuerdos de empresa fijan jornadas laborales inferiores a la jornada legal máxima de 40 horas, pero “se debe determinar en el seno de cada sector y empresa”, y apuntaron que la jornada media pactada y efectiva es sustancialmente inferior a las 40 horas de máximo legal.