Según ambas organizaciones, el documento que ha acordado el Gobierno con ERC y EH Bildu para aprobar la futura ley va “en la línea contraria” para conseguir “ampliar el parque de viviendas y disponer de una oferta diversa que pueda dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos”.

Señalaron que las “consecuencias no deseadas” del control de rentas de alquiler son “muy conocidas” en todos los países donde se ha implantado, pues suponen “reducción en la oferta de vivienda de alquiler, disminución de la construcción futura o la peor calidad de los inmuebles, entre otros problemas”.

APCE y Foment recordaron el informe ‘Vivienda y Futuro’ elaborado por la Universitat Pompeu Fabra y los propios promotores que demostraba que la ley catalana de control del alquiler había generado una reducción de precios en el entorno del 5%, mientras que las caídas en el ámbito de la oferta se sitúan alrededor del 15%.

Además, subrayaron que el informe apuntaba otros efectos negativos de la aplicación de la normativa, puesto que las viviendas que estaban por encima del precio de referencia pasaron a la compraventa

Por ello, reclamaron fórmulas “realmente efectivas” para incidir en el crecimiento del parque público de vivienda como promover la colaboración público-privada, la implementación de incentivos fiscales a los propietarios para que introduzcan sus viviendas vacías en el mercado del alquiler, o la mejora de la seguridad jurídica del propietario ante impagos u ocupaciones.

Por otro lado, subrayaron que el problema de acceso a la vivienda no es exclusivo del alquiler, sino también de la propiedad. Por eso, consideran “esencial” facilitar la concesión de préstamos por un porcentaje superior al 80% del valor del inmueble a aquellos jóvenes con buenas perspectivas al mercado laboral o bien “la copropiedad sector público (20%) -joven (80%) de la vivienda”, con lo cual se contribuiría “a la descongestión de la demanda de viviendas de alquiler, especialmente en las grandes ciudades”.

La patronal y los promotores criticaron que la vivienda sea utilizada “siempre” como un “caballo de batalla” en periodos electorales, pero luego no se suela ver “reflejada posteriormente en forma de importantes partidas presupuestarias”. “Hacen falta más recursos y que las administraciones dejen de traspasar su responsabilidad en materia de vivienda social al sector privado”, apuntaron.

En cuanto a las 43.000 nuevas viviendas anunciadas por el Ejecutivo, indicaron que es una propuesta “bienvenida”, pero habrá que conocer los detalles para “poder hacer una valoración más cuidadosa”.