Además, Asemesa advirtió de que el nuevo arancel solamente tendrá validez por un año y no es de aplicación general porque solamente afecta a un grupo de cinco empresas (las investigadas y las que tenían posibilidades de serlo), mientras que la mayoría seguirá con el 35%.

Por otro lado, valoró que este “logro” ha sido posible gracias al “gran trabajo conjunto” que han llevado a cabo en el último año las empresas investigadas miembros de Asemesa y las administraciones implicadas, que son los ministerios de Agricultura y de Industria, Comercio y Turismo, así como la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.

Asimismo, indicó que las revisiones administrativas anuales de los aranceles antidumping y anti subvenciones constituyen una de las tres líneas de acción impulsadas por la patronal para luchar contra los aranceles, junto a la vía judicial ante la justicia americana y a la denuncia de la UE ante la OMC, estas dos últimas sin efectos prácticos de consideración hasta ahora a pesar de las fallos y dictámenes favorables.

“El resultado conseguido es un nuevo paso adelante ya que se han logrado reducir las tasas arancelarias hasta dejarlas en el 7,32% (tasa media), pero ni mucho menos se puede considerar como el final del problema que sufre el sector porque no es un arancel definitivo y la defensa de las empresas seleccionadas debe continuar al menos hasta 2025, con todo lo que ello implica”, concluyó.

Desde la imposición de los aranceles definitivos en agosto de 2018, el sector ha perdido más del 70% de sus exportaciones de aceituna negra a Estados Unidos en beneficio de países como Marruecos, Portugal y Egipto, entre otros.