Ahora será la Tesrería General de la Seguridad Social el órgano que detente la titularidad de su patrimonio, lo cual le permitirá fijar las reglas específicas sobre adquisición, enajenación, arrendamiento de sus bienes o cualquier otro acto que le afecte.

Según el Ministerio de Trabajo, este decreto será el instrumento jurídico para la defensa y tratamiento de los bienes patrimoniales de la Seguridad Social, con independencia de cual sea su adscripción, como entidad gestora o colaboradora de ese organismo.

Tambié contribuirá a dotar de una mayor transparencia a la gestión del patrimonio y, "en definitiva, salvaguardar mejor los bienes y derechos de la Seguridad Social".