Tras la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado al Estado a pagar al PNV casi nueve millones de euros por patrimonio incautado durante la dictadura franquista, los servicios jurídicos de UGT estudian ya el fallo judicial por si puede ser utilizado para ayudarles a recuperar parte de los bienes que le fueron requisados a la central.

Por su parte, la Confederación Nacional de Trabajo (CNT) también reclama un patrimonio que valora en algo más de 18 millones de euros (unos 18.000 millones de pesetas) en el conjunto del Estado. Precisamente el mes pasado, varios afiliados de este sindicato ocuparon un piso en Barcelona para protestar por la no devolución del patrimonio.