Esta decisión no nace con la llegada del PP al poder. De hecho, o que hace el Gobierno de José María Aznar es asumir el "pacto no escrito", en palabras de una fuente consultada, entre el último Ejecutivo socialista y todos los grupos políticos.

Las Cortes aprobaron por unanimidad en el penúltimo pleno de la pasada legislatura el reconocimiento oficial de la deuda con las formaciones de la II República que hoy tienen representación parlamentaria: PNV, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), PSOE, Unió Democrática de Catalunya (UDC), y el PCE y la Izquierda Republiana de Manuel Azaña, estos últimos integrantes de IU.

Ese reconocimiento cubre la reparación moral, pero hay acuerdo unánime en la imposibilidad de recuperar inmuebles que fueron derruidos y en su lugar se construyó de nuevo para otros propietarios. Además, es difícil probar la propiedad de locales que, incluso, pudo ser camuflada a nombre de un particular para escapar del expolio de la guerra. De ahí la aceptación de una devolución simbólica más indemnizaciones.

Por ejemplo, el PNV, principal beeficiario junto con ERC de la operación, quiere que el Estado le revierta un viejo edificio ubicado en la calle Marceau de París, refugio de los `gudaris' (soldados vascos) que huían de España al término de la Guerra Civil.

Incautado por los nazis en 1940 y entregado a Franco, fue devuelto por Francia al Gobierno vasco en 1947 y, finalmente, en 1952, volvió al Estado franquista. Hoy en día es la sede del Instituto Cervantes en la capital francesa, y el PNV insiste en recuperarlo por una razón sentimenal.

El resto del patrimonio que reivindica está formado por 19 sedes de antíguos `batzokis' (hogar del partido) repartidos por País Vasco y Navarra, los edificios de periódicos `Euzkadi' y `la Voz de Navarra' y dos edificios en Francia además del parisino ya mencionado. En conjunto, está tasado en unos 5.000 millones a precio de mercado, según un informe de la firma británica Gaultier encargado por los peneuvistas y conocido por el Gobierno.

EDIFICIOS EN SANTS Y TERRASSA

ERC también posee un imortante patrimonio histórico, valorado en unos 3.000 millones de pesetas, según la diputada Pilar Rahola. Aquí incluye una decena de edificios y `casales' que el partido que gobernó la Generalitat republicana considera prioritarios a la hora de negociar con el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Alvarez Cascos.

En particular, un edificio del barcelonés barrio de Sants, propiedad del Estado, "y que por tanto es recuperable", dice Rahola, y otro edificio en el centro de Terrassa.

Otros lcales que reivindica esta formación catalana son utilizados hoy en día por organizaciones cívicas, pero ERC estaría dispuesta a que esas asociaciones siguieran ocupándolos si recupera el derecho de propiedad. "Aunque es casi seguro que aceptaremos una indemnización global" por todos estos locales, advierte la parlamentaria de ERC.

En el caso del PSOE, su derecho a devolución se ve mermado porque la UGT ya recuperó antíguas casas del Pueblo cuya titularidad compartían ambas organizaciones en tiempos dela República, explican las fuentes consultadas. Y el PP no tendrá derecho a devolución del patrimonio de la CEDA porque el acuerdo parlamentario deja claro que sólo afecta a las formaciones de 1936 que hoy tengan representación en las Cortes.