Estos informantes aseguraron que, en la rueda de prensa del pasado 26 de diciembre, el secretario de Estado, Miguel Angel Rodríguez, en ningún momento dio a entender que esas centrales sindicales se beneficiarán de la nueva normativa, puesto que ya disponen de su propia ley de devolución de s patrimonio histórico, que fue aprobada en 1986.

Por tanto, en la conferencia de prensa Rodríguez se refirió, por una parte, al proyecto de Ley, que se aplicará sólo a los partidos políticos, y por otro citó algunas de las organizaciones afectadas por la Ley de incautación de 1939, entre ellas a UGT y CNT.

Los partidos políticos y agrupaciones sancionados por la Ley de 1939 son, según un comunicado difundido esta tarde por la Secretaría de Estado de Comunicación: Acción Republicana, Izquierda Repblicana, Unión Republicana, Partido Federal, Confederación Nacional del Trabajo (CNT), Unión General de Trabajadores (UGT), Partido Socialista Obrero (PSOE), Partido Comunista (PCE), Partido Sindicalista, Sindicalista de Pestaña, Federación Anarquista Ibérica, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Acción Nacionalista Vasca y Solidaridad de Obreros Vascos.

También afectó a Esquerra Catalana, Partido Galleguista, Partido Obrero de Unificación Marxista, Ateneo Libertario, Socorro Rojo Internacional, Partido ocialista Unificado de Cataluña (PSUC), Unión de Rabassaires, Acción Catalana Republicana, Partido Catalanista Republicano, Unión Democrática de Cataluña, Estat Catalá y todas las logias masónicas y cualesquiera otras entidades, agrupaciones o partidos filiales o de análoga significación a los expresados.

La Secretaría de Estado de Comunicación añadió que los partidos políticos afectados por el proyecto de Ley aprobado el pasado 26 de diciembre tendrán un año, a partir de la entrada en vigor de la norativa, para ejercitar sus derechos y hacer las reclamaciones oportunas.