La concesión de este certificado dependerá del depósito de una garantía cuyo importe será fijado por las autoridades competentes en España, para las patatas de consumo que provengan de otros Estados miembros o países terceros.

Además, las autoridades españolas han de comunicar cada semana a la Comisión Europea todos los datos relativosla aplicación de este reglamento comunitario y los que sean necesarios para que el Ejecutivo comunitario compruebe la evolución de la situación en el mercado canario.