La UCE no descarta inteponer una querella contra los laboratorios que producen las pastillas y solicitarán las indemnizaciones legales que proceda en cada caso y el reembolso de las cantidades abonadas por los perjudicados.

La asociación recuerda que el contraanálisis realizado esta semana por dos peritos de Sanidad y del doctor Bogas comprobó la presencia de los tranquilizantes: diazepam y clordiazepóxido.

A juicio de la organización de consumidores, la comercialización de un producto con sustancias diferentes a las rgistradas, que pueden ser nocivas para la salud, podría constituir un delito contra la salud pública.