Sala hizo esta declaraciones en relación con el llamamiento realizado la pasada semana por el presidente González para que la Justicia persiga a los que colaboren y justifiquen las actuaciones de ETA y as posteriores querellas presentadas por el fiscal general del Estado y las fiscalías de Bilbao, San Sebastián y Pamplona contra cinco dirigentes de HB.

En referencia a los citados delitos, que calificó de "intolerables e injustificables en un sistema de libertades", manifestó que "los jueces son receptivos a cualquier tipo de sensibilidad social y destinatarios de las propias violencias, pero también son miembros del Poder Judicial que enjuician con la misma celeridad y sensibilidad social que con culquier otro delito y cumplirán con su deber sin vacilación de ningún género".

Sala se negó a hacer "juicios de futuro" sobre la posibilidad de que las querellas interpuestas en el Tribunal Supremo prosperen, porque "no es modo de actuar de jueces y tribunales, que actúan sobre evidencias y no sobre hipótesis".

Cuando algunos informadores le hicieron notar que otras querellas presentadas en el Alto Tribunal por delitos de apología del terrorismo e injurias presentadas en 1990 y 1991 contra polítics batasunos aún no han sido resueltas, se limitó a comentar que "cada asunto y cada querella tienen un trámite específico".

"La Justicia está actuando, investigando todas las querellas presentadas por el fiscal y, por consiguiente, cumple su actividad, es sensible a la realidad social y estoy completamente seguro que responderá a esta sensibilidad social".

Matizó que los jueces "no trabajan bajo más o menos presiones" y rechazó las críticas vertidas por algunos políticos sobre la nueva reglamentaión del organismo judicial o la actuación de la Justicia, remitiéndose a un acuerdo adoptado por el pleno el pasado 23 de octubre, "que recibió el beneplácito de medios de comunicación, judiciales y políticos".

El documento advertía sobre la prudencia de actuación a la hora de verter críticas contra la actuación de jueces y magistrados, y estimaba que cualquier juicio ligero o apresurado sería "imprudente o indebido". "Pero se ve que no ha llegado a todos los niveles de responsabilidad política", agreó el presidente del Poder Judicial, que no quiso especificar nombres.

PRECISIONES DE TORRES

Por otra parte, el fiscal general del Estado repartió hoy una nota informativa para responder "a las informaciones incompletas o comentarios inexactos que han aparecido sobre la actuación del ministerio fiscal en relación con las querellas interpuestas por delito en materia de terrorismo".

Aunque no lo especifica en el texto, Torres parece referirse a las acusaciones vertidas contra el Gobierno por el prsidente del Partido Popular, José María Aznar, por tardar en requerir a la fiscalía que se querellase contra los dirigentes de HB.

La nota de la Fiscalía General recuerda que en la sala segunda del Tribunal Supremo ya se siguen cuatro causas, de 1990 y 1991, contra diversos miembros de la Mesa Nacional de HB, por su condición de aforados, por delitos de desacato, calumnia y apología del terrorismo.

Añade que sólo en 1991 los juzgados de la Audiencia Nacional incoaron 110 sumarios referentes a deltos de terrorismo y 389 procedimientos por diligencias previas en idéntica materia, mientras que las secciones de lo Penal han celebrado 100 juicios orales por los mismos delitos, "actuaciones en las que ha tenido intervención el ministerio fiscal como titular de la acción pública y cuyo número se dará a conocer con precisión en la próxima Memoria Anual".

A esta lista se añaden las numerosas intervenciones y actuaciones por el mismo motivo en los juzgados de instrucción, audiencias provinciales y sala de lo Civil y de lo Penal de los tribunales superiores de justicia de toda España, "en cuya tramitación es preceptiva la intervención del ministerio fiscal y en la mayor parte de ellos ha asumido la iniciativa, formulando oportunamente la denuncia o querella correspondiente".

La nota concluye reiterando que el ministerio público "viene actuando, actúa y seguirá actuando ante los órganos jurisdiccionales con tanta serenidad como firmeza en la defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanosen cumplimiento de su deber y del mandato contenido en el artículo 124 de la Constitución y en su Estatuto Orgánico".