La normativa establece que los ordenadores y máquinas de escribir deben incluir, asimismo, los signos de apertura de interrogación y exclamación.

Con esta medida, el Gobierno pretende asegurar la correcta expresión escrita de la lengua castellana y mantener la identidad de la lengua oficial del Estado, en consonancia con los principios del derecho comunitario, recogidos en el Tratado de Maastricht, que proclaman el florecimiento de las culturas de los Esados miembros, el respeto a la identidad nacional, así como el desarollo de las culturas de los mismos.

El decreto pretende, además, proteger los intereses económicos y sociales, previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.