Así se desprende del informe que aprobó el pleno del tribunal el pasado24 de julio sobre la contabilidad de los partidos políticos correspondiente a 1992, a cuyo contenido tuvo hoy acceso Servimedia.

El Tribunal de Cuentas asegura textualmente que ha encontrado en la contabilidad del PP de 1992 "operaciones de endeudamiento, por 1.079 millones de pesetas, sobre las que no se ha contabilizado ningún importe en concepto de coste, con la consiguiente infravaloración del endeudamiento contable".

El informe señala que la deuda pendiente a final del ejercicio de tesoreríanacional estuvo materializada en nueve préstamos y nueve créditos, de los que ocho y seis, respectivamente, por un total de 1.046 millones de pesetas, "se encuentran vencidos, sin que conste documentalmente que dicha deuda se haya renovado o que sus condiciones se hayan renegociado en este ejercicio".

De la información que ha obtenido el tribunal sobre la relación del PP con entidades de crédito, el informe deduce "la existencia de diez operaciones de endeudamiento no recogidas en el balance de situacón presentado, correspondiendo todas ellas a sedes provinciales por un total de 191 millones".

El informe incluye la alegación del PP en la que asegura que seis de esas operaciones, por valor de 180 millones, se incorporaron ya en 1993 a la contabilidad de la organización regional de Galicia.

Dentro de la cuenta "Deudores diversos", el tribunal cree que los contables del PP incluyeron "indebidamente" un importe de 2.073.683 pesetas que corresponde a un anticipo a un proveedor.

Asimismo, "peranecieron sin movimiento las deudas de la Coalición Popular y de la extinguida Alianza Popular, por un importe, al menos, de 95,8 millones de pesetas". "Dada la naturaleza de estas deudas", indica el informe, "procedería a su regularización".

DOCUMENTACION INSUFICIENTE

En el apartado de "Acreedores", la fiscalización ha hallado un retraso en la contabilización de determinadas operaciones en la cuenta "Acreedores diversos facturas pendientes", en la que se registraron la mayoría de las facturas en lafecha de 31 de diciembre de 1992, "a pesar de que se han emitido realmente en fechas anteriores de este mismo ejercicio".

Según las alegaciones formuladas por el PP, las facturas las contabiliza en el momento en que las recibe de los proveedores. "Se incluye en el saldo de esta cuenta el importe de una factura, por dos millones de pesetas, cuyo pago se ha formalizado en tres letras con vencimiento en 1993, por lo que debería reclasificarse en la cuenta de 'Efectos comerciales a pagar'. El PP le ha entegado al tribunal en las alegaciones un justificante de la correcta clasificación contable de esta operación en 1993.

El informe observa también una discrepancia entre el justificante de una operación en la cuenta "Delegación de Hacienda, retención IRPF" y el reflejado en el apunte contable correspondiente.

En cuanto a la evaluación global de la organización contable y del sistema de control interno, el informe pone de manifiesto que el PP "no aplica con carácter general el principio del devengo,con la consiguiente incorrecta imputación temporal de ingresos y gastos". "En ocasiones", apunta también, "la documentación justificativa aportada ha resultado insuficiente o incompleta".

Por lo que se refiere a la fiscalización hecha "in situ" en las sedes de regionales del partido, el informe destaca la hecha en Bilbao, donde se ha averiguado que "no existe un balance de situación, ni cuenta de pérdidas y ganancias ni libro mayor que permitiera su reelaboración ni inventario de bienes".

En los stados contables de la organización regional de Valencia no le fue posible al tribunal analizar su rpresentatividad, "al no disponerse de la necesaria justificación documental que, según información del partido, se ha extraviado en alguno de los cambios de sede".

En la comparación de las interrelaciones de la contabilidad de tesorería nacional y la provincial valenciana "ha aparecido una discrepancia de 500.000 pesetas", al recoger éstsa ingresos inferiores en dicha cuantía a los gastos registrados po aquélla por aportaciones a la provincia.