El visto bueno a esta norma para su remisión al Congreso fue explicado por la titular de Justicia, Pilar Llop, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno.

Llop indicó que el texto que iniciará ahora su tramitación parlamentaria es la ‘Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción’, que incorpora en España una directiva de la UE de 2019.

La responsable de Justicia señaló que esta ley hará “mejorar” a España en las clasificaciones internacionales de lucha contra la corrupción y responde al compromiso del Gabinete de Pedro Sánchez de implementar medidas para mejorar la calidad de la democracia española.

Como principales novedades, el proyecto de ley establece que deberán habilitar “cauces internos” para denunciar la corrupción todas las empresas de más de 50 trabajadores, los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que reciban ayudas públicas.

MULTAS PARA LAS DENUNCIAS FALSAS

También deberán disponer de este mecanismo de denuncia los organismo públicos, al tiempo que los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes podrán agruparse dentro de cada comunidad autónoma para establecer estos sistemas de alerta

Un trabajador o un funcionario que detecte una práctica irregular o un caso de corrupción podrá recurrir a los “cauces internos” de denuncia o trasladarlo a “autoridad administrativa independiente” que se creará por esta ley. No obstante, Llop destacó que estos procedimientos no sustituyen al cauce de denuncia ante los tribunales.

Asimismo, se fijarán una serie de criterios para dar una “protección real y efectiva” a los denunciantes de casos de corrupción y, en su caso, a sus familias. Con ello se busca que estas personas no sean objeto de presiones si denuncian irregularidades.

Paralelamente, la titular de Justicia indicó que el proyecto de ley incluye un régimen sancionador para evitar “conductas espurias”, en referencia a que se produzcan falsas denuncias. Para evitarlo, habrá multas entre 1.001 y 300.000 euros para las personas que trasladen hechos falsos, cantidades que irán de 10.001 a un millón de euros para las personas jurídicas.

Llop destacó que el proyecto de ley que ahora se envía al Congreso es “gran complejidad” y que en su elaboración en su departamento hay querido ser “muy escrupulosos y garantistas”, para lo cual han tenido en cuenta la opinión de distintas personas e instituciones.