El presidente de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Defensor del Pueblo, el socialista Alfonso Lazo, considera que el Defensor debería pedir el amparo al Parlamento cada vez que lo crea preciso, sobre todo cuando se encuentre con orgaismos públicos que pongan trabas a su labor investigadora.

Ignacio Gil-Lázaro, portavoz del PP en la comisión, comparte esta reflexión y ve preciso también que el Defensor mantenga una relación más permanente con las Cámaras a través de informes sectoriales.

Por Izquierda Unida, Pedro Antonio Ríos opina que el Defensor "debería denunciar más en el Parlamento a las Administraciones que no atiendan a sus requerimientos con prontitud". Luis Mardones, de Coalición Canaria, cree que el Defensor debe pdir al Parlamento toda la ayuda que necesite en este sentido, siempre que no supla a los tribunales contencioso-administrativos o constitucionales.

Estos portavoces consideran innecesario proceder ahora a una modificación de la ley orgánica reguladora del Defensor destinada a ampliar las competencias fiscalizadoras de la institución, tal y como pedía Margarita Retuerto en su informe de 1994.

"El Defensor ya ejerce con bastante eficacia la mayoría de sus funciones y modificar la ley podría hacer prder el apartidismo y la neutralidad por los que se ha acreditado la Constitución", opina Francisco Valls, portavoz del PSOE.

Según Alfonso Lazo, la regulación del Defensor del Pueblo en España es la más amplia de los países que cuentan con este tipo de comisionados para la supervisión de las actividades de la Administración.

El portavoz popular, Ignacio Gil Lázaro, coincide en que cualquier ampliación de funciones del Defensor debe ser muy meditada, para que no se solapen sus campos de actuacióncon otras instituciones.