En concreto, las firmas han sido recogidas y presentadas por los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y CGT, con el apoyo de los grupos municipales de PSOE e Izquierda Unida, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y la Federación Madrileña de Asociaciones de Padres de Alumnos.

Daniel Lobato, secretario general de CCOO en el Ayuntamiento, explicó a los periodistas que la presentación de estas firmas es un acto más de la campaña de movilizaciones que están llevando a cabo los sindicatos contra la política de privatizaciones iniciada por Alberto Ruiz-Gallardón y que se ha traducido en diversas manifestaciones.

El dirigente sindical subrayó que en el acto de hoy han involucrado a partidos políticos, vecinos y APAS, colectivos contrarios a la privatización de servicios de atención al ciudadano, centros públicos, polideportivos municipales, escuelas infantiles, etcétera.

Según Lobato, estas privatizaciones se están acometiendo con "una falta de respeto" a los acuerdos suscritos con los trabajadores y dentro del "descontrol" y el "despilfarro" de que hace gala el actual equipo de gobierno, como se ha demostrado en la "Operación Guateque" o en los últimos gastos fastuosos realizados por el Consistorio.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Óscar Iglesias, manifestó que "desde que Gallardón ha venido al Ayuntamiento de Madrid, dijo que iba a traer la modernidad" a la institución, pero "confunde modernidad con privatización de servicios públicos".

"Lo que le decimos aquí hoy al alcalde es que lo que tiene que hacer es poner más recursos para que todos los ciudadanos de Madrid puedan disfrutar de unos servicios públicos de calidad y no traer el negocio al Ayuntamiento de Madrid privatizando y privatizando", aseguró Iglesias.

Según el portavoz socialista, las más de 73.000 firmas recogidas vienen a demostrar que los ciudadanos están en contra de las privatizaciones, que se han afrontado sin ningún tipo de consenso y a través de imposiciones.

Finalmente, Ángel Pérez, portavoz del Grupo Municipal de IU, dijo que el Ayuntamiento de Madrid no es una empresa privada y, por tanto, no puede ser gestionada con criterios de rentabilidad económica, sino desde una perspectiva social que tiene que ver con los derechos y las necesidades de los ciudadanos.

Pérez añadió que la política de privatizaciones emprendida por el Consistorio tiene un doble coste para los madrileños. "Por una parte", señaló, "los ciudadanos pagamos los impuestos, y por otra parte, además, estamos pagando a las empresas concesionarias al mismo tiempo que se posterga a los funcionarios".

En su opinión, ésta no es una forma competitiva de gestionar porque para satisfacer los derechos y las necesidades de los madrileños hay 25.000 funcionarios que pueden hacerlo perfectamente con los recursos materiales precisos y la cobertura legal adecuada.